Autoridad antiblanqueo: ¿Por qué España?
Afinales del pasado mes de octubre leía con gran satisfacción que el alcalde de Madrid, junto con el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, anunciaban públicamente la intención de postular a Madrid como sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).
Es indudable que Madrid reúne los criterios que se tendrán en cuenta para decidir la sede de esta autoridad, como son, entre otros, la oferta de personal cualificado, de infraestructuras digitales y de transporte, la localización geográfica, posibles conexiones de transporte, etc. Pero España tiene razones adicionales de peso para ser considerada como una candidata seria a albergar la sede.
En primer lugar, tiene una larga tradición en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y cuenta con una legislación avanzada, una potente UIF (el SEPBLAC) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo.
Así lo reconoció el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental responsable del desarrollo y evaluación de los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en su evaluación a nuestro país en 2014, y en reevaluaciones posteriores. En ellas, resaltó que España cuenta con leyes actualizadas que cumplen, o cumplen en gran medida, las recomendaciones del GAFI, con instituciones sólidas, pues la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es un mecanismo eficaz de coordinación de la PBC/FT, y su servicio ejecutivo, el SEPBLAC, es una sólida unidad de inteligencia financiera y supervisor, y que ha demostrado éxitos significativos en la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales. Atendiendo a los ratings publicados por el GAFI el pasado mes de octubre, España se encuentra entre los cuatro países europeos con mejores calificaciones respecto al cumplimiento técnico y efectivo de sus recomendaciones.
En segundo lugar, nuestro país ha sido pionero a nivel internacional en el desarrollo y creación de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En este sentido, fue el primero que creó, atendiendo a la posibilidad brindada por los instrumentos internacionales, en el año 2005, un Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), concretamente del sector notarial. Este organismo, integrado por especialistas en prevención del blanqueo de capitales, asume ciertas obligaciones de PBC/FT en nombre de los notarios.
La profesionalidad y experiencia de sus integrantes es incuestionable, como lo demuestra la reciente publicación del libro Analiza, que no es poco, altamente recomendable y único en su estilo, cuyo autor es el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de dicho organismo.
La existencia de este organismo y el compromiso de los notarios en la materia posibilitaron, asimismo, el acceso a las autoridades competentes y sujetos obligados a la primera base de datos centralizada existente en el país (y en muchos otros) con información sobre titulares reales (BDTR) de las personas jurídicas.
Tanto el órgano centralizado de prevención como la base de datos centralizada no sólo han sido reconocidos por el GAFI como herramientas fundamentales en las altas calificaciones obtenidas por España en la evaluación realizada a su sistema de lucha contra estos delitos, sino también como buenas prácticas en numerosos documentos, como la Guía sobre Enfoque en Base al riesgo para los profesionales jurídicos, publicada por ese organismo en 2019.
Distribución geográfica
Por último, España no es sede de ninguna de las instituciones principales ni descentralizadas de la Unión Europea, ni de organismos relevantes en la materia. Independientemente
de todos los méritos objetivos que he intentado exponer, no cabe ninguna duda de que si nuestro país quiere tener alguna opción para que Madrid sea sede de la AMLA tendrá que iniciar una dura negociación política. Pero en ella se debería tener en cuenta, entre otras muchas variables, la distribución geográfica de sedes de organismos europeos. Si analizamos cómo se reparten por países las sedes de organismos europeos genéricos, observamos que Bélgica, Luxemburgo, Francia, y Alemania se sitúan en cabeza, con innumerables ejemplos. Pero es que, si hacemos ese mismo análisis con respecto a organismos relacionados con la lucha contra la delincuencia, el blanqueo de capitales, la supervisión o inteligencia financiera, nos encontramos con que las sedes de los principales organismos se reparten entre París (GAFI, EBA y ESMA), Fráncfort (BCE y EIOPA), La Haya (Europol) y Viena (UNODC), algunas de las cuales ya se han postulado como posible sede de la AMLA.
¿Recuerdan cómo consiguió Brasil la sede de los juegos olímpicos de Río de Janeiro para su celebración en 2016? Simplemente puso en un mapa mundial dónde se habían celebrado los juegos olímpicos hasta ese momento. Quizás España debería, además de demostrar un alto compromiso político de albergar esta institución, hacer algo similar con un mapa europeo y la ubicación de todas estas sedes.
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo