El Consejo General del Poder Judicial: orígenes de la polémica
En el debate constitucional se llegó, no sin dificultades, al acuerdo de dotarnos de un Consejo General del Poder Judicial compuesto por 12 miembros extraídos de la carrera judicial y 8 miembros que elegirían las Cortes entre juristas de reconocida competencia. Respecto a la forma de elección de los 12 jueces y magistrados, la Constitución se remitió a una futura ley.
La tramitación de la ley en cuestión, Ley orgánica 1/1980, no estuvo exenta de tensiones y, finalmente, para llegar a un acuerdo cedimos en el PSOE y aceptamos que fueran los propios jueces y magistrados los encargados de seleccionar el cupo de los 12 magistrados; renuncia que se hizo con la esperanza de que el resultado de las elecciones por los jueces reflejaría el pluralismo, si no de la sociedad, sí al menos el de la propia judicatura.
No fue así, y en las primeras elecciones la Asociación Profesional de la Magistratura, de claro perfil conservador y que había dado la batalla para cerrar el paso en la ley como asociación a Jueces para la Democracia, arrasó y copó los 12 puestos convocados, dejando fuera del Consejo a todas las demás sensibilidades de la judicatura. Muy pronto, incluso el propio Gobierno de UCD sufrió los primeros embates de aquel Consejo politizado.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, con sus propias políticas legislativas, se incrementaron las tensiones. Una de los grandes proyectos impulsados por el ministro Fernando Ledesma fue la Ley Orgánica del Poder Judicial, llamada a sustituir la Ley provisional del Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870 y a garantizar la independencia de jueces y magistrados. La ponencia emitió su informe el 18 de febrero de 1985.
Fue a partir de ese momento cuando vivimos un mes de máxima tensión política en la Cámara. La oposición tanto del Consejo General del Poder Judicial, presidido por Federico Carlos Sainz de Robles, como de la Asociación Profesional, dirigida por José Gabaldón, fue radical. Y, aunque las ochocientas enmiendas afectaban a muchos artículos de este largo proyecto, los debates y la tensión se habían centrado fundamentalmente en las nuevas vías de acceso a la carrera judicial, en la reducción de la edad de jubilación a los 65 años, las nuevas competencias del CGPJ y, sobre todo, la forma de su elección.
Enfrentamiento creciente
El desencadenante del cambio del modelo de elección vino determinado por la actitud de enfrentamiento creciente de aquel Consejo dominado por la Asociación Profesional con las políticas legislativas del Gobierno socialista, así como la proximidad del nombramiento por el CGPJ de magistrados del Tribunal Supremo, de las Audiencias y del Constitucional. Con aquel Consejo militante no era posible, pensábamos, que el cuerpo judicial se abriera en sus nuevos nombramientos a los sectores judiciales minoritarios en la carrera, como era el representado por Jueces para la Democracia. Fue, como dijo Gregorio Peces-Barba, “la torpeza y la pretensión de dominio absoluto de sectores de la magistratura que no querían reconocer el derecho a la representación de las minorías” de la carrera judicial lo que llevó al cambio de modelo.
Nuestro cambio de criterio se produjo una vez terminada la Ponencia y antes del debate del proyecto de ley en Comisión, previsto para el 4 de marzo. Nuestros ponentes habían rechazado en las reuniones de la Ponencia la enmienda número 25 presentada por Juan María Bandrés, en la que proponía que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran todos elegidos por las Cortes (diez por cada Cámara). Tanto los ponentes socialistas como el portavoz, Javier Sáez Cosculluela, me plantearon, en mi condición de secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, la conveniencia de aceptar dicha enmienda en el debate de la Comisión y, dada su trascendencia, así se lo planteé el 28 de febrero al vicepresidente Alfonso Guerra.
Mi opinión era claramente favorable a la propuesta. El Consejo tenía que garantizar la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que reside no en el Consejo, sino en cada uno de los jueces y magistrados que son los que administran justicia. El Consejo no podía convertirse en un órgano corporativo, sino que debía anclar su legitimación en la soberanía nacional y posibilitar una renovación necesaria de toda la judicatura, dando acceso en sus nombramientos a las distintas sensibilidades existentes en la misma.
El rumor de este cambio de posición que estábamos preparando le comenzó a preocupar al presidente
Felipe González, quien habló con Alfonso Guerra y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Guerra me confirmó que el Gobierno estaba de acuerdo con el cambio. Entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Estado preparamos una redacción distinta de la enmienda para que pudiera casar con el texto constitucional. Y así se hizo, tras lo cual, el 5 de marzo de 1985, Javier Sáez Cosculluela anunció la enmienda in voce que cambiaba el modelo de elección del Consejo. La reacción del Grupo Popular no se hizo esperar: se retiró de la Comisión y anunció el recurso de inconstitucionalidad a la ley.
El 14 de marzo finalizó la Comisión su dictamen, el 28 de marzo aprobó el texto el Pleno del Congreso, y el 20 de junio se produjo el voto de totalidad sobre el texto final remitido por el Senado: 186 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones. Y así fue como la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificó la forma de elección del Consejo, atribuyendo al Congreso y al Senado la elección de los 12 vocales judiciales. Dicha ley fue recurrida por el PP; pero el Tribunal Constitucional avaló plenamente su constitucionalidad.
Para el Alto Tribunal (Sentencia 108/1986 de 29 de junio), la finalidad del artículo 122.3 de la Constitución era la de asegurar que la composición del Consejo reflejara el pluralismo existente en el seno de la sociedad, y no sólo entre jueces y magistrados, como pretendía la derecha. Avaló, pues, plenamente nuestro planteamiento. Pero el Constitucional nos advertía de un riesgo, que se ha convertido con el tiempo en realidad, como es el del peligro de politización partidista de la elección: esto ocurrirá “si las Cámaras –advertía el Tribunal– atienden sólo a la división de fuerzas que existen en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”, como “la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género”.
Sistema de cuotas
La advertencia del Tribunal Constitucional no fue escuchada, y el riesgo terminó por hacerse realidad. En la primera negociación del nuevo Consejo con este sistema en 1985, nos despeñamos en el sistema de cuotas: vocales del PSOE y vocales de Alianza Popular a partes proporcionales. El 17 de octubre, el BOE publicó la lista de los nuevos consejeros, quienes, el 23 de octubre, eligieron presidente a Antonio Hernández Gil.
El nuevo modelo rompió claramente con el corporativismo de quienes pedían un Poder autónomo Judicial, desconectado del principio democrático. Pero su gestión ha sido deficiente porque el proceso de elección del Consejo se ha hecho desde entonces por las cúpulas de los partidos políticos en negociaciones sin luz y taquígrafos, tratando de que el Consejo refleje no el pluralismo real de nuestra sociedad y de la propia carrera judicial, como pedía el Tribunal Constitucional, sino el poder de los partidos; buscando no el mérito y la capacidad de los candidatos sino la adscripción ideológica y política de los mismos.
Y todo ello no ha dejado de tener algún efecto negativo sobre la imagen de politización de la Justicia; claramente injusta cuando nos referimos a la inmensa mayoría de jueces y magistrados quienes –no se olvide– son los únicos titulares (no así el Consejo General del Poder Judicial) de la potestad jurisdiccional.
El modelo era y sigue siendo inestable, como prueban las reformas de que ha sido objeto: las de 1985, 2001, 2013 y 2021. Cuarenta y dos años más tarde, España sigue sin encontrar un acuerdo de fondo sobre este punto capital.
El Constitucional ya advirtió en 1986 del riesgo de politización partidista en la elección del CGPJ
Exsecretario de Estado y ministro de Relaciones con las Cortes (1982-1993), autor de ‘Thinking Heads’.