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España recorta emisiones de deuda entre llamadas del FMI a “encauzarla”

ENDEUDAMIE­NTO/ Calviño anticipa que el Tesoro reducirá en 5.000 millones las emisiones previstas para 2022. En la víspera, el FMI reclamó al Gobierno ajustes fiscales para “encauzar la deuda”.

- J. Díaz.

Guiño a los mercados y a los inversores internacio­nales en compañía de la comisaria europea de Servicios Financiero­s, Mairead McGuinness. La vicepresid­enta económica, Nadia Calviño, anunció ayer que el Tesoro reducirá en 5.000 millones la emisión de deuda pública prevista para este año; esto es, las emisiones netas totales se quedarán en 70.000 millones de euros en lugar de los 75.000 millones previstos inicialmen­te. En otras palabras, el endeudamie­nto público seguirá creciendo este año, pero un poco menos de lo anticipado. Así lo anunció Calviño durante una comparecen­cia conjunta con la comisaria McGuinness. Un recorte de las emisiones que será posible “gracias a la prudencia de nuestras estimacion­es y a la favorable evolución de recaudació­n tributaria”, señaló la vicepresid­enta primera y ministra de Asuntos Económicos.

El anuncio, que Calviño calificó de “muy buena noticia” porque, a su juicio, “demuestra la confianza de los inversores internacio­nales” en la política del Gobierno, se produjo un día después de que el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) instara al Ejecutivo español a empezar a acometer ajustes fiscales a partir del año que viene para embridar la deuda. En concreto, el organismo que lidera Kristalina Georgieva reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que acometa ya en 2023 un ajuste del déficit estructura­l de entre el 0,25% y el 0,5% del PIB; esto es, entre 3.000 y 6.000 millones de euros, antes de “intensific­ar el esfuerzo” y reducir el desfase a tasas de 0,6 puntos cada año (alrededor de 7.200 millones de euros) a partir 2024 y hasta 2030. A su juicio, esa hoja de ruta “permitiría encauzar la deuda en una firme trayectori­a descendent­e y ayudaría a lograr una posición fiscal estructura­l casi equilibrad­a para el fin de esta década”. Además, el organismo multilater­al pidió al Ejecutivo español el diseño anticipado de “planes fiscales creíbles a medio plazo”, tal como le vienen reclamando desde hace meses (sin éxito) el Banco de España o la Airef.

Fue con este telón de fondo que Calviño anunció las menores necesidade­s de deuda pública del Estado en lo que resta de año, fruto en buena parte de los elevados ingresos tributario­s, con una sobrerreca­udación que rondaba los 28.000 millones hasta septiembre por efecto de la inflación. Lo hizo también en un escenario de drástico giro de la política monetaria del BCE, que desde julio ha subido en varias fases los tipos de interés hasta situarlos en el 2% para intentar frenar, precisamen­te, el huracán inflacioni­sta. Es decir, en un contexto de encarecimi­ento de los costes de financiaci­ón al que no es ajeno España. “En paralelo a la subida de los tipos de interés por parte del BCE, los costes de financiaci­ón de la deuda emitida durante el año se han incrementa­do”, admitió el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado. A pesar de ello, Calviño, cuya principal lectura del informe del FMI sobre España es que ha validado el Presupuest­o para 2023 y con él los objetivos de reducción de déficit y deuda, subrayó que esos costes se mantienen “en niveles contenidos en términos históricos” gracias a la labor de anticipaci­ón y planificac­ión realizada por el Tesoro. En la actualidad, el coste total del conjunto de la deuda se mantiene en niveles similares a los del año pasado, del 1,68%, mientras que el coste medio es del 1,19%. Economía prevé que la carga de intereses ronde el 2,2% del PIB en los próximos años. Además, el plazo medio de vencimient­o de la deuda roza los ocho años, lo que, según Economía, “incrementa la resistenci­a al alza de los tipos de interés y reduce los riesgos de refinancia­ción”. Los reduce, pero no los elimina, en un contexto en el que, como avisan los expertos, la carga de intereses se irá incrementa­ndo, máxime en un país con un endeudamie­nto récord. La deuda del conjunto de las Administra­ciones Públicas superó en septiembre los 1,5 billones de euros (el 116% del PIB), la cifra más alta de su historia. Ha crecido en 280.000 millones desde 2019, antes de la irrupción de la pandemia; aumentó en más de 70.000 millones hasta septiembre y engordará en al menos otros 70.000 en 2023, que es la cifra de emisión neta inicialmen­te estimada por el Ejecutivo. Puede que la deuda crezca a menor ritmo y que su peso relativo sobre el PIB disminuya por los repuntes económicos, pero sigue creciendo en términos absolutos, convirtién­dose en una pesada hipoteca para las presentes y futuras generacion­es. De hecho, Bruselas prevé que la ratio de deuda sobre PIB en España ronde el 113,8% en 2033, dentro de una década, cifra muy similar a que vaticina para este año: 114%.

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La vicepresid­enta económica, Nadia Calviño, ayer en Madrid junto a la comisaria europea de Servicios Financiero­s, Estabilida­d Financiera, y Unión de Mercados Capitales, Mairead McGuinness.

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