El coste de reformar las pensiones por partes

La propuesta del ministro José Luis Escrivá a los agentes sociales para extender el periodo de cotización obligatoria a la Seguridad Social exigido para cobrar una pensión pública ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre los partidos del Gobierno. Y eso que se trata de una oferta ya rebajada frente al planteamiento inicial. En vez de los 35 años de cotización planteados anteriormente, ahora el Ministerio contempla ampliar a 30 años el periodo de cómputo de la vida laboral, con la posibilidad incluso de descontar los dos años con menos aportaciones si aminoran sensiblemente el importe final de la pensión. Aun así, cosechó el rechazo tanto de la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, como de los dirigentes sindicales, que comparten el criterio de que esta reforma supone un retroceso en la “recuperación de derechos” de los trabajadores emprendida durante la presente legislatura. También la patronal CEOE mostró su disconformidad por el incremento de las cotizaciones sociales que implica. De hecho, las bases máximas de cotización a la Seguridad Social crecerán 26 puntos porcentuales más que las prestaciones máximas de jubilación durante todo el periodo de aplicación de la reforma, que se alargará hasta el año 2050. Algo inevitable a la luz del importante desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Más incluso tras los populistas incrementos de las pensiones al ritmo del IPC decretados por Pedro Sánchez, incluso en el actual escenario de una inflación histórica, así como la subida de un 15% de las prestaciones no contributivas, tanto este año como el próximo, pactado con Bildu. Lo cual provocará que el coste de la revalorización de las prestaciones de jubilación se dispare hasta los 15.000 millones de euros. Sin estas decisiones cortoplacistas, que consolidan un mayor gasto futuro, quizá el incremento de las bases de cotización podría haber sido menos agresivo. Cabe reprochar además a Escrivá que haya tardado tanto en trasladar su propuesta a los agentes sociales, cuando resta poco más de un mes para que expire el plazo comprometido con Bruselas para poner en marcha esta reforma, a la que está vinculado un importante tramo de las ayudas europeas del Fondo de Recuperación en 2023. Pero sobre todo hay que lamentar que desligara la parte sencilla de la reforma de las pensiones, indexarlas al IPC, de este ajuste impopular, para lo que será difícil que consiga los apoyos necesarios.

Sin las subidas populistas de las pensiones, el ajuste de las bases podría haber sido menor