El Banco de España pide reenfocar el 70% del plan anticrisis en 2023
VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO/ Cos considera creíbles las previsiones de recaudación pero critica el diseño de los nuevos impuestos a banca y energéticas y percibe riesgos de desviación al alza del gasto público.
El Gobierno debería reorientar el destino de siete de cada 10 euros del plan de medidas dirigidas a paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania cuando lo prorrogue en 2023 a fin de redirigir el esfuerzo público a proteger a los colectivos más vulnerables. Así lo defendió ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al abrir el turno de intervenciones de autoridades con el que arrancó la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el Senado.
El gobernador aseveró que el Ejecutivo debe evitar alimentar el episodio inflacionista que padece la economía respondiendo con un impulso fiscal generalizado, por lo que debería optar por “aliviar los efectos de la crisis con medidas selectivas y concentradas en los hogares de rentas más bajas y las empresas más vulnerables” ante el alza de las materias primas y la energía. En este sentido, afeó, “en torno al 70% de las medidas aprobadas este año no son focalizadas, no tienen en cuenta la vulnerabilidad de los perceptores”, por lo que “sería deseable que tuvieran un carácter claramente más focalizado” de cara a la prórroga para 2023 que se ultima sobre el paquete anticrisis. Después de todo, este incluye una bonificación universal de 20 céntimos por litro de carburante o una rebaja fiscal generalizada sobre la energía. Se trata de un conjunto de ayudas y rebajas tributarias que ha costado unos 15.700 millones a las arcas públicas y que podría suponer otros 18.500 de extenderse en los mismos términos durante todo 2023, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Más allá, el supervisor financiero considera que las medidas destinadas a paliar la crisis inflacionista y energética “deben tener carácter temporal para no aumentar el déficit estructural”, que bajo su punto de vista habría que aprovechar para comenzar a reducir en 2023.
En este sentido, el Banco de España considera que las previsiones de ingresos tributarios para 2023 que incluye el
Presupuesto son “factibles” teniendo en cuenta que el impacto de la inflación elevará la recaudación de este año por encima de lo anunciado por el Ejecutivo, lo que permitirá cerrar este año con un déficit del 4,3% en lugar del 5% estimado por Hacienda. A partir de ahí, el Presupuesto cumple con la regla comunitaria de contener el gasto corriente por debajo del crecimiento potencial, y de hecho, provoca que la política fiscal pase de ser expansiva en 2022 a “ligeramente
contractiva en 2023”. Eso sí, el Banco de España ve riesgo de desviación al alza del gasto público, teniendo en cuenta que el Presupuesto no contempla la prórroga del plan anticrisis; carga contra el diseño de los nuevos impuestos a banca (que pueden empeorar la situación de entidades en pérdidas) y energéticas (por gravar ingresos y no beneficios), y alerta de que con nuevos ingresos temporales y un alza del gasto estructural (como la que genera indexar las pensiones al IPC) hay riesgo de que la política fiscal acabe siendo neutra e incluso de que el déficit estructural termine aumentando. Más allá, Cos instó a ampliar el plazo para ejecutar los fondos europeos para maximizar su impacto.
Finalmente, en cuanto a la evolución de la inflación, el gobernador estimó que la tasa subyacente (descontada energía y alimentación) no empezará a caer hasta la primavera por lo que remachó la necesidad de impulsar un pacto de moderación de rentas que afecte tanto a los sueldos en general, como al salario mínimo interprofesional, los beneficios empresariales y el gasto público (por ejemplo en la nómina de pensionistas y funcionarios).
El gobernador urge a un pacto de rentas que englobe salarios, beneficios, gasto público y SMI