Sánchez inicia su asalto al Constitucional con el exministro Campo y una excargo de Moncloa
A POR EL CONTROL DEL TC/ SÁNCHEZ COLOCA EN EL CONSTITUCIONAL A SU EXMINISTRO DE JUSTICIA, JUAN CARLOS CAMPO, Y A SU COLABORADORA EN PRESIDENCIA, LAURA DÍEZ. CAMPO ES, ADEMÁS, PAREJA DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO, MERITXELL BATET. EL TC PODRÍA VETAR LOS NO
Cuando todavía escuece en el mundo jurídico la supresión del delito de secesión al dictado de ERC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer un nuevo paso para controlar el Tribunal Constitucional sin plegarse a los procedimientos habituales. El Gobierno ha decidido nombrar al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una de las colaboradoras del presidente en La Moncloa, la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso, como nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El perfil de los candidatos propuestos por Sánchez, sobre cuya idoneidad se deberá pronunciar el propio Constitucional, añade de nuevo una fuerte dosis de politización de la Justicia y vuelve a tensar las costuras del Estado de Derecho. Hay razones de peso.
En primer lugar, si los nombramientos son finalmente admitidos se dará la circunstancia más que sospechosa de que tanto Juan Carlos Campo como Díez Bueso podrán pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de leyes que ellos mismos han propuesto, redactado e informado siendo él ministro de Justicia y ella directora general de Asuntos Constitucionales en La Moncloa. En este momento hay en lista de espera para ser vistos por el Tribunal Constitucional hasta seis recursos contra leyes impulsadas por el propio Campo. La expresión ser “juez y parte” nunca tuvo mayor sentido que en esta ocasión. En segundo lugar, con Juan Carlos Campo, Pedro Sánchez vuelve a repetir la jugada que ya practicó con Dolores Delgado, a la que colocó al frente de la Fiscalía General del Estado tras su salida del Ministerio de Justicia, pero en este caso en la designación concurren circunstancias aún más alarmantes. En concreto, Campo, además de ser el exministro que firmó los indultos a los condenados por el procés, es la pareja de la presidenta del Congreso, la también socialista Meritxell Batet. Esta relación tiene especial relevancia pública teniendo en cuenta que la principal función del Constitucional es controlar las leyes que se hacen en el Congreso y que no se conocen murallas chinas capaces de articular una solución mínimamente presentable que garantice la necesaria imparcialidad.
En tercer lugar, el nombramiento solo de los candidatos del Gobierno es jurídicamente cuestionable. El pasado mes de junio terminó el mandato del Tribunal Constitucional, debiendo proceder a la renovación conjunta de cuatro de sus miembros (un tercio). De estos, dos debían ser propuestos por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dado que el
Gobierno había maniobrado para prohibir al CGPJ hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, con la única intención de presionar para forzar su renovación, este órgano se vio inhabilitado también para proponer a sus candidatos al Constitucional. Cuando Sánchez decidió devolver sus competencias al CGPJ solo para que propusiera a sus candidatos al Constitucional estaba reconociendo implícitamente que la renovación debía ser conjunta. Con el nombramiento de Campo y Díez el Ejecutivo está haciendo ahora lo que hace seis meses reconocía que no se podía hacer por separado. Es decir, está yendo en contra de sus propios actos.
Finalmente, ni Juan Carlos Campo, que es magistrado de la Audiencia Nacional, ni Laura Díez tienen por su trayectoria la estatura jurídica que en principio sería conveniente para acceder al Tribunal Constitucional, aunque nadie duda que ambos reúnen el nivel mínimo de preparación. Al menos, Díez es catedrática de Derecho Constitucional y desde mayo es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña (fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut). El nombramiento de ambos, sin atender a nada más, no sería en ningún caso ilegal, pero no contribuiría a prestigiar la institución. No parece en cualquier caso que esto último esté entre los objetivos de Pedro Sánchez . Más bien al contrario, la prioridad que parece tener en estos momentos el presidente es asegurarse un Tribunal Constitucional “sensible” a cualquier tema que pueda llegar desde Cataluña e incluso que pueda inclinar el fiel de la balanza a favor del Gobierno sobre los previsibles recursos de inconstitucionalidad que muy probablemente se presentarán contra algunas de sus leyes. Pedro Sánchez se ha debido convencer a lo largo de esta legislatura que si no es posible modificar la Constitución al gusto de uno mismo, tal vez el camino más corto sea circunvalarla con un Tribunal Constitucional a la medida. Toda una declaración de intenciones. Habrá que ver qué piensa de todo esto el propio Constitucional.