El Gobierno lanza hoy la nueva Ley de Industria para modernizar el sector
CONSEJO DE MINISTROS/ El Ejecutivo impulsa este lunes el anteproyecto de la ley que sustituirá a la legislación vigente, que data de 1992, como comprometió con Bruselas para reindustrializar al país.
El Gobierno se dispone a impulsar hoy el proceso de reindustrialización del país comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación con una nueva ley para el sector que sustituya a la vigente desde hace 30 años. En concreto, el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este lunes, al ser festivo mañana con motivo del Día de la Constitución, tiene previsto aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, que, según ha podido saber EXPANSIÓN, incluye el desarrollo de líneas de ayuda para modernizar el sector a fin de hacerlo más sostenible y digital, así como planes para promover suelo industrial e impulsar bancos de pruebas, entre otras iniciativas.
El principal objetivo que persigue el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con esta norma, que se aprueba hoy en primera vuelta para su impulso definitivo tras el proceso de audiencia pública, es promover en España un entorno propicio al desarrollo de la actividad industrial, la creación de nuevas compañías y ecosistemas del ramo, así como a la atracción de inversión internacional. Entre los aspectos fundamentales a regular está la política industrial, incluyendo planes de promoción y reindustrialización; la economía circular; la digitalización del sector; la mejora de su productividad y la consecución de su neutralidad climática.
Abordar la sustitución de la Ley de Industria de 1992 era ya uno de los principales retos que afrontaba esta legislatura la ministra Reyes Maroto, y de hecho es uno de los componentes del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea a cambio de las ayudas comunitarias. Su importancia, sin embargo, se ha visto multiplicada ante la crisis energética y geoestratégica que ha desatado la invasión rusa sobre Ucrania.
La idea, así, es tanto favorecer la reactivación económica del sector tras el impacto de la pandemia como sentar las bases de un nuevo modelo productivo más sostenible, ecológico y digital.
Entre los objetivos que recoge la norma, según fuentes conocedoras de la misma, destaca la defensa de la garantía de la libertad de establecimiento de empresas industriales; la protección de la libre circulación de sus productos, la garantía de la unidad de mercado con más coductiva ordinación administrativa; o la promoción de un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales y proyectos tractores de interés general. En paralelo, el proyecto busca impulsar la competitividad del sector, su calidad y seguridad; así como facilitar su internacionalización y la atracción de inversiones estratégicas.
La ley cubrirá las manufacturas y las actividades industriales de obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica; o las actividades de digitalización y gestión de información del ámbito industrial.
Una de las principales novedades del texto es que habilitará a la Administración General del Estado a promover líneas de ayudas específicas a la modernización del sector. Como condición, las empresas beneficiarias deberán mantener la actividad proal menos durante 5 años, tres en el caso de pymes.
El proyecto reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, sea electricidad o gas, considerada estratégica. A partir de ahí, se prevén medidas de apoyo a los ecosistemas industriales; los bancos de pruebas regulatorios y proyectos piloto en investigación e innovación. El plan incluye el impulso de servicios e infraestructuras de fomento de las áreas industriales o la promoción de suelo industrial. La ley identifica además como proyectos industriales de interés general a impulsar aquellos que cumplan al menos dos de las siguientes tres condiciones: conllevar de un volumen significativo de inversión y generación de empleo; desarrollar programas dentro de ecosistemas o sectores estratégicos para el Consejo de Seguridad Nacional, o estar alineados con los objetivos industriales de la Unión Europea.
En el caso de procesos de reindustrialización, la norma obligará a las empresas a anticipar los cierres o reducciones de actividad que afecten a cifras relevantes de empleo a fin de tratar de buscar fórmulas alternativas en una mesa específica de negociación.
Finalmente la ley contempla un régimen sancionador con multas de 60.000 euros para casos leves, 6 millones en los graves y 100 millones en los muy graves.
Prevé ayudas para desarrollar el sector, promover suelo industrial e impulsar bancos de pruebas