Peligro de confiscación en las cotizaciones
El Gobierno ha propuesto a los empresarios y a los sindicatos una subida fija del 30% de las bases máximas de cotización, con un incremento del 3% de la pensión máxima, desde 2025 hasta 2050. En cifras redondas, 27 puntos porcentuales de diferencia entre el esfuerzo contributivo y la pensión más elevada de la Seguridad Social. Sería un incremento adicional al que marcará todos los años el Índice de Precios de Consumos (IPC).
La iniciativa del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, forma parte de las negociaciones que mantiene con los empresarios y los sindicatos para afrontar la nueva fase de la reforma de las pensiones. La que, entre otros puntos, plantea el incremento de las bases máximas de cotización; la ampliación del periodo de cotización exigido para calcular toda la pensión, y algunas otras propuestas destinadas a favorecer, entre otros objetivos, los siguientes: la cobertura de las lagunas de cotización de los autónomos y de las mujeres. En este último caso, para intentar corregir la brecha en la pensión que se produce con los hombres porque, hasta ahora, con cierta frecuencia la mujer dejaba su trabajo para cuidar de los hijos. O, si no, tenía que aceptar un contrato a tiempo parcial.
Es una negociación muy difícil. Entre otras cosas porque hay un esfuerzo considerable, aunque paulatino, de los salarios más altos, que no se corresponde con la percepción de la pensión correspondiente. Por lo tanto, es una medida claramente recaudatoria, que no cumple con el principio de contributividad. Ni es neutra desde el punto de vista financiero. Serán muchos más los ingresos de la Seguridad
Social que la subida de las rentas de estos pensionistas. Por ejemplo, con un IPC constante del 3% anual, la base de cotización máxima mensual ascendería en 2050 a 11.450,81 euros, un 176,63% más con respecto a la de este año, que se sitúa en 4.139,40 euros al mes. Es decir, 7.311,4 euros más. En términos absolutos la pensión máxima mensual ascendería en 2050 a 6.069,77 euros, un 115,30% más con respecto a la de este año, que es de 2.819,20 euros mensuales. Por lo tanto, serían 3.250,57 euros más. Con una inflación del 2% anual, las cotizaciones subirían en 25 años un 117,35%, y las pensiones, un 68,75%, Es decir, habría una diferencia de 48,6 puntos entre unas y otras.
Por lo tanto, el Gobierno se arriesga a que algún grupo político pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la presunción de que se trate de una práctica confiscatoria de los recursos de los ciudadanos. Además, a este coste para las empresas y los empleados hay que añadir que el 1 de enero del 2023 entrará en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, con un incremento en el tipo de cotización del 0,6%, hasta 2032. Con todo ello, Escrivá trata de preparar el sistema ante la jubilación de las cohortes más numerosas de la historia de España. Aquellas que nacieron entre 1955 y 1977, cuando llegaron a registrarse hasta 700.000 nacimientos en un año. Será el rebalaje presupuestario del sistema al encontrarse, una y otra vez, con oleadas de jubilados. Es verdad que parece que Escrivá se queda sólo en su estrategia y pide un esfuerzo suplementario a las empresas y a los salarios más altos, porque falta compromiso del Gobierno en su conjunto, de las fuerzas parlamentarias, de los empresarios y de los sindicatos para recortar el gasto, con medidas paramétricas más valientes. En enero, la Seguridad Social sumará un gasto añadido de 13.700 millones de euros por la repercusión de una inflación media del 8,5% en las pensiones. Y, mientras tanto, Escrivá no se atreve a ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, y lleva la horquilla desde los 25 a los 30 años, con la oposición de la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, la izquierda parlamentaria, los empresarios y los sindicatos. ¿Cabe mayor tramoya en torno a las pensiones?
Las sucesivas medidas recaudatorias para financiar las pensiones evitan medidas impopulares de recorte del gasto