Sánchez acrecienta la tensión institucional
La crisis institucional provocada por las reiteradas injerencias del Gobierno en el poder judicial marcarán este año el aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978. La presencia en estos actos conmemorativos de los sustitutos temporales del dimitido Carlos Lesmes en las presidencias del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial dejará en evidencia la prolongada anomalía que sufre la cúpula de la magistratura, pendiente de renovar desde hace ya cuatro años por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, y que se ha visto agravada por la cercenación de las funciones del máximo órgano de gobierno de los jueces realizada por el Ejecutivo, impidiéndole realizar nuevos nombramientos para cubrir las vacantes en los distintos tribunales. Una tensión agravada por las acusaciones de machismo de las ministras de Podemos a los magistrados y de ejercer como contrapoder a la coalición gubernamental debido a las rebajas de condenas a un creciente número de abusadores sexuales derivadas de los evidentes defectos de la Ley del sólo sí es sí. También Pedro Sánchez y los miembros socialistas del Gobierno se han prodigado durante los últimos meses en invectivas contra el PP por supuestamente incumplir la Constitución al no avenirse al pacto para renovar el CGPJ por cuotas políticas. Lejos de buscar un apaciguamiento, el presidente ha elevado el choque institucional con su decisión de no esperar a la propuesta del poder judicial para designar como nuevos vocales del Tribunal Constitucional al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la antigua asesora del Ministerio de Presidencia y actual vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat catalana, Laura Díez, lo que ahonda en una peligrosa colonización política de los principales cargos judiciales que nombra el Gobierno iniciada con el paso sin transición de Dolores Delgado desde el Ministerio a la Fiscalía General del Estado. Estas injerencias y ataques del Ejecutivo al Poder Judicial debilitan al sistema democrático creado por la Constitución de 1978. El mismo que cuestionan los populistas y separatistas con los que Sánchez ha reforzado su alianza en esta legislatura, la mayoría de los cuales no acudirán a los actos de hoy para dejar constancia nuevamente de su rechazo a la Carta Magna. La polarización política y la tensión entre instituciones generadas por la acción gubernamental resultan muy preocupantes.
Las injerencias y ataques del Gobierno a los jueces debilitan al sistema emanado de la Constitución