Expansión C. Valenciana - Fiscal
Reconocida una bula fiscal de tres años sobre la compraventa de oro
CRITERIO DEL TEAR DE MADRID/ El Tribunal Económico-Administrativo de Madrid exime del pago de Transmisiones Patrimoniales Onerosas las compras de oro de 2016 a 2019 tras los cambios de criterio judiciales.
Contribuyentes y asesores fiscales no solo tienen la obligación de conocer y acatar debidamente la legislación tributaria, sino que deben andar atentos a las sentencias y cambios de criterio que acaban emitiendo al respecto los Tribunales Económico-Administrativos y las instancias judiciales al valorar la aplicación de las normas. En ocasiones, sin embargo, un pronunciamiento puede establecer unas reglas de juego que un fallo posterior haga decaer, como ocurre con la tributación de la compraventa de oro. El Tribunal EconómicoAdministrativo Regional (TEAR) de Madrid acaba de reconocer que para no vulnerar el principio de confianza legítima, debe decretarse una suerte de bula fiscal para tres ejercicios sobre este tipo de operaciones.
En la larga discusión sobre la modalidad de tributación de las operaciones de traspaso de metales preciosos, buena parte de la controversia se origina en la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo en 1996. Por entonces ya existía un pulso entre las Comunidades Autónomas, que recaudan el tributo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y el sector del ComproOro, sobre el gravamen que debía aplicarse a las operaciones en las que un particular vende metales preciosos a un establecimiento. El Alto Tribunal se inclinó por no gravar las operaciones en las que intervenía un comerciante, dando lugar al archivo de reclamaciones presentadas por regiones como Andalucía y Canarias.
Criterio del TEAC
A partir de ahí, aunque Hacienda venía apoyando la aplicación de la tributación, el Tribunal Económico-Administrativo Central acabó fijando un criterio común en octubre de 2016 amparándose en el Supremo para establecer que estas operaciones de compraventa de oro no debían quedar sujetas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ni el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). Se abrió entonces un periodo aparentemente libre de toda tributación para este tipo de transacciones.
Sin embargo, el pulso entre el sector y las administraciones tributarias no cesó ahí y acabó volviendo a ser elevado ante el Tribunal Supremo.
La crisis financiera internacional iniciada en 2008 y sus severas consecuencias durante el lustro posterior provocaron una relevante proliferación de los negocios de compraventa de oro en las ciudades españolas, a las que miles de personas acudieron a vender las joyas familiares en busca de liquidez. Ante el aluvión de operaciones desatado, las autoridades tributarias trataron de mantener viva la fiscalidad de la compraventa de metales preciosos y los comerciantes por mantener su actividad libre de estos gravámenes para mantener su atractivo.
Sentencia del Supremo
Finalmente, el Tribunal Supremo acabó desestimando el recurso de casación interpuesto por la entidad Oro Efectivo SL contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las liquidaciones practicadas en concepto del pago del impuesto de TPO, lo que de facto supuso avalar judicialmente la aplicación de este tributo en las ventas de oro, joyas y metales preciosos de particulares a profesionales.
Como consecuencia de este nuevo pronunciamiento, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) revisó su criterio para adaptarse al dictamen del Alto Tribunal y pasar a exigir el pago del tributo. “A raíz de lo anterior las comunidades autónomas, competentes para exigir y recaudar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) respecto a las compras que se produzcan en su territorio, comenzaron a iniciar inspecciones exigiendo a los compradores de oro el pago del Impuesto dejado de ingresar por la aplicación del criterio anterior del TEAC, por los años 2016 a 2019, más los intereses de demora pero sin imponer sanción”, relata Siro Barro, socio responsable del área de Derecho Fiscal del bufete Escalona & De Fuentes, que ha representado a uno de los contribuyentes afectados. En concreto, ha defendido los intereses de un cliente al que la Comunidad de Madrid le exigió liquidar el tributo de TPO por sus operaciones del periodo 2016 a 2019.
El TEAR de Madrid
El recurso presentado alegaba que dichas transacciones se realizaron bajo el principio de confianza legítima, aplicando el criterio administrativo vigente entre el pronunciamiento del TEAC de 2016 y la sentencia del Supremo de diciembre de 2019, esto es, la no tributación por TPO, que era vinculante para todas las administraciones tributarias incluidas las regionales. Como resultado, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid ha resuelto en julio, amparándose en los criterios del TEAC sobre el principio de confianza legítima, y ha concluido que “la actuación de aquellos compradores de oro que optaron por no autoliquidar TPO por dichas compras en aquel periodo de tiempo fue conforme a Derecho”, explica Barro. En consecuencia, el TEAR de Madrid anula la liquidación practicada por la administración tributaria autonómica, correspondiendo la devolución del importe abonado por el contribuyente más intereses de demora.
“Se trata de un pronunciamiento muy relevante para todo el sector nacional de Compro-oro y un varapalo para aquellas administraciones autonómicas que hayan optado por regularizar la situación tributaria de los contribuyentes residentes en su territorio como consecuencia de aquel cambio de criterio del TEAC en 2020”, valora Barro, que considera que el criterio de Madrid marcará la controversia entre contribuyentes y autoridades tributarias, favoreciendo esta bula fiscal por los periodos 2016 a 2019.
El TEAC declaró libre de IVA y TPO la compra de oro en 2016 y el Supremo exigió el TPO en 2019
El TEAR madrileño anula la liquidación de los 3 ejercicios por vulnerar el principio de confianza legítima