Críticas al primer impuesto a los gases de efecto invernadero
MEDIDAS/ El impuesto, de hasta 1.500 dólares por tonelada frenará las emisiones del metano, un producto 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono.
La histórica ley sobre el clima firmada por el presidente estadounidense Joe Biden el mes pasado generará miles de millones de dólares para recompensar la inversión en energías limpias. El único revés es que se aplicará un impuesto a las emisiones de metano del sector del petróleo y el gas natural.
El metano atrapa 80 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono durante un periodo de 20 años, por lo que es un factor importante que incluye en el cambio climático. En EEUU, el sector energético es la mayor fuente de emisiones de metano.
El impuesto establecido por la Ley de Reducción de la Inflación supone el primer impuesto a nivel nacional a un gas de efecto invernadero. Pero los grupos de presión petroleros lo han criticado inmediatamente.
“No creemos que el Gobierno deba subir los impuestos, sobre todo en medio de una recesión y de una crisis energética mundial”, señala Frank Macchiarola, vicepresidente sénior del Instituto Americano del Petróleo.
A partir de 2024 se aplicará un impuesto de 900 dólares por tonelada de metano emitido por las empresas de petróleo y gas natural desde pozos, oleoductos, gasoductos, terminales de gas natural licuado y otras instalaciones. Después de dos años el impuesto aumentará a 1.500 dólares por tonelada.
Según un estudio de la Universidad de Maryland publicado esta semana, el impuesto podría reducir la contaminación por metano en casi un 20% al final de la década, en comparación con los niveles de 2020. El Gobierno de EEUU se ha comprometido a una reducción del 30% para 2030.
“Este tipo de leyes son clave para reducir las emisiones de productos nocivos para el medio ambiente”, sostiene Nathan Hultman, director del Centro para la Sostenibilidad Global de la Universidad de Maryland y antiguo asesor político de los Gobiernos de Joe Biden y Barack Obama.
El sector del petróleo es el principal afectado por el nuevo impuesto.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que el impuesto generará unos ingresos de más de 6.000 millones de dólares al final de la década. Sin embargo, la ley no satisface las expectativas de muchos grupos ecologistas.
La ley ha sido el fruto de varios meses de negociaciones entre el senador Joe Manchin, demócrata conservador por Virginia Occidental, un estado gran productor de hidrocarburos, y Tom Carper, de Delaware, presidente de la comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado
La ley contiene exenciones. Los productores más pequeños –los que se estima que emiten menos del equivalente de 25.000 toneladas de CO2 al año– estarán exentos del impuesto. Esto podría excluir hasta el 60% de las emisiones de la industria, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
Otra cláusula exime a las empresas que se considera que ya cumplen la normativa paralela pendiente de aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (APM). La ley también concede a los emisores más de 1.500 millones de dólares para inversión en energías renovables.
Los analistas opinan que el coste del impuesto para los productores será limitado. Según un estudio de S&P Global Commodities, el impuesto supondrá un aumento de 50 centavos al precio de 45 dólares por barril de petróleo que muchos productores estadounidenses necesitan para conseguir beneficios.
La postura de Shell
Shell ha declarado que apoya el impuesto “porque incentiva a la industria a hacer más para combatir el cambio climático y podría dar lugar a reducciones de las emisiones de metano no cubiertas por las leyes actuales”.
Sin embargo, Lee Fuller, de la Asociación Independiente de Petróleo de América, que representa a grandes y pequeños productores de petróleo y gas natural, sostiene que el Gobierno de Biden va a por ellos pero hace la vista gorda a las emisiones del sector agrícola, otra fuente importante de metano.
Los productores más pequeños han acogido con cautela
la exención para las emisiones inferiores a 25.000 toneladas de CO2 equivalente, ya que les preocupa la falta de detalles sobre cómo se definirá y calculará el límite y qué tendrán que hacer para demostrar que están exentos.
La cantidad de emisiones también dependerá de cómo interprete la ley la APM y de cómo encaje el impuesto con otras normativas. Hultman, de la Universidad de Maryland, estima que las emisiones de metano podrían disminuir entre un 6% y un 19% al final de la década por la legislación.
Los ecologistas afirman que el impuesto pone fin a años de cambios, ya que el Gobierno de Barack Obama aprobó normas sobre el metano y luego el de Donald Trump las revocó.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que frena la capacidad de la APM para limitar las emisiones de las centrales eléctricas también pone de manifiesto que las normas pueden estar sujetas al análisis judicial.
“En última instancia, no es bueno para la sociedad ni para las empresas que las políticas cambien radicalmente”, señala Mark Brownstein, vicepresidente sénior de energía del Fondo de Defensa Medioambiental.
El Gobierno de EEUU se ha comprometido a una reducción de la emisión del metano del 30% para 2030