La Justicia limita el uso de la ‘Hacienda digital’ para proteger al contribuyente
El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria no esconden su fuerte apuesta por la comunicación telemática con el contribuyente. Así lo confirma el Plan de Control
Tributario de este año, que pide el impulso de las notificaciones electrónicas para “garantizar a los contribuyentes la realización de trámites de forma más ágil y eficaz, gracias a los sistemas telemáticos de asistencia y a la disponibilidad de medios de identificación y de comunicación electrónicos”.
La irrupción de estas tecnologías en las comunicaciones con Hacienda ha planteado nuevas dudas sobre el alcance, los plazos y la validez de algunas notificaciones. La Justicia comienza ahora a pronunciarse sobre este asunto y a fijar doctrina para evitar situaciones de indefensión o de incapacidad de acceso a la Administración.
El Tribunal Constitucional (TC) ha sido uno de los últimos órganos judiciales en pronunciarse sobre las notificaciones electrónicas de la Administración. El fallo obliga a todas las Administraciones a resolver los fallos en las notificaciones electrónicas que impiden comunicar correctamente un anuncio de sanción. En concreto, la sentencia establece que “en los casos de emplazamientos defectuosos en un procedimiento sancionador, que impiden la participación del ciudadano, se vulnera su derecho a la defensa”.
El Constitucional pide una mínima diligencia en la notificación digital para evitar una posible indefensión
Con esta novedosa decisión, el Constitucional exige una mínima diligencia por parte de la Agencia Tributaria y el resto de administraciones del Estado a la hora de enviar sus notificaciones electrónicas. “La falta de envío de los avisos de notificación al correo electrónico designado por el ciudadano no determina, por sí misma, la invalidez de las notificaciones efectuadas en su Dirección Electrónica Habilitada”, reconoce el Constitucional. Sin embargo, precisa que “ello no exime a la Administración de desplegar una conducta que permita que las notificaciones lleguen al efectivo conocimiento de su destinatario, siempre y cuando la incomunicación no sea imputable a una conducta voluntaria o negligente del propio afectado”.
Este fallo se suma al espaldarazo del Tribunal Supremo a finales del año pasado a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El Supremo confirmó en un auto de inadmisión a trámite el fallo valenciano, que establece que las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria a personas físicas que no hayan autorizado expresamente su consentimiento a este tipo de comunicaciones no son válidas.
Además, el Supremo en una reciente sentencia se inclina por las garantías que supone la notificación a través del papel. El fallo avala que Hacienda envíe las notificaciones por este medio, pese a que el contribuyente pidiera recibirlas por vía telemática. Los magistrados reconocen que es una “irregularidad” pero que carece de “relevancia invalidante”. A su juicio, no crea indefensión.
Uno de los asuntos abiertos en la Justicia es precisamente el de la obligatoriedad de relacionarse con la Agencia Tributaria a través de medios telemáticos. El Supremo estudia en estos momentos la legalidad del Reglamento que impone presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por vía electrónica. El Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra esa normativa. A juicio de los profesionales, la medida, contenida en una orden ministerial de Hacienda, no se puede aplicar.
La Orden de Hacienda basa la obligación de presentar el IRPF por vía telemática en la posibilidad de desarrollar estas obligaciones formales a través de reglamentos. Sin embargo, los asesores fiscales sostienen que existe una ley que ya regula este asunto, al no haber una norma específica en el ámbito tributario.
La Aedaf apela en su recurso a la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Esta normativa impide, en su artículo 14.2, obligar a todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración y lo acota a grupos homogéneos o que tengan capacidad técnica. “No se puede establecer una obligación de este tipo para todos los contribuyentes del IRPF, porque llegaríamos al absurdo de considerar a todos los millones de declarantes como un grupo homogéneo”, explica el abogado Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor de la Aedaf y socio de Gibernau, que ha llevado este asunto al Supremo.
El auto ha utilizado argumentos muy potentes para la admisión y da pinceladas incluso para una futura sentencia contra esta normativa.
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