¿Hacienda se excede al aplicar la residencia fiscal? El Supremo lo estudia
Residir en otro país más de la mitad del año no implica, por sí solo, dejar de liquidar con Hacienda. La Agencia Tributaria exige en numerosas ocasiones impuestos por los activos que permanecen en el país. ¿Es suficiente tener un inmueble en España para que Hacienda te aplique la residencia fiscal?
Es lo que ahora mismo estudia el Tribunal Supremo. Los magistrados han admitido a trámite un recurso de casación, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que determinará cuál es el grado de vinculación de la Administración y Tribunales españoles respecto de los certificados de residencia emitidos por otros Estados.
El Tribunal estudia un recurso contra una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se consideraba residente fiscal en España a una persona física cuyo único vínculo con España era la titularidad de inmuebles en este territorio y ello, a pesar de que contaba con certificados de residencia fiscal en el sentido del convenio para evitar la doble con Estados Unidos.
El asunto es especialmente relevante en el contexto actual y podría afectar a un número muy elevado de nacionales extranjeros que mantienen en España un patrimonio vacacional relevante, pero no obtienen rentas ni tienen otro vínculo con el país, en particular si disponen de un certificado de residencia emitido
Analiza si el hecho de poseer un inmueble es suficiente para exigir impuestos a los residentes en el exterior
El asunto afecta a los nacionales en el extranjero que mantienen en España patrimonio vacacional
La Audiencia Nacional considera residente a una persona cuyo único vínculo era la titularidad de vivienda
En España hay numerosa litigiosidad en materia de residencia fiscal por el cerco de Hacienda
La Ley del IRPF exige aplicar la residencia fiscal si el ciudadano “tiene el núcleo de sus actividades”
por las autoridades competentes de los Estados con los que España tenga suscrito un convenio de doble imposición.
El despacho internacional CMS Albiñana & Suárez de Lezo, junto con Pérez-Llorca y María González Fornos, ha logrado sacar adelante el Auto de admisión del Tribunal Supremo para el recurso de casación. Por parte de CMS Albiñana & Suárez de Lezo han participado en el recurso Diego de Miguel y Silvia Morro, por parte de Pérez-Llorca Clara Jiménez y Jesús Cudero, y también ha formado parte del equipo María González Fornos.
En el supuesto analizado, el contribuyente fue considerado residente fiscal en España en atención exclusivamente a la titularidad de determinados bienes inmuebles en territorio español. Ello a pesar de ser un hecho probado que el recurrente no obtuvo rentas en España durante los ejercicios afectados y, sobre todo, a pesar de haber probado su residencia fiscal en Estados Unidos mediante los correspondientes certificados de residencia fiscal emitidos por las autoridades competentes del país. Estos documentos hacían constar expresamente que los mismos acreditaban la residencia fiscal a los efectos de la aplicación del convenio fiscal firmado entre el España y Estados Unidos.
La sentencia recurrida de la Audiencia Nacional admite en un plano teórico que “los certificados de residencia fiscal constituyen un medio incontestable y cualificado de probar la residencia fiscal” de un contribuyente en un determinado Estado, si bien en el caso objeto de análisis, los certificados aportados se consideraron un mero elemento indiciario insuficiente para contrarrestar los recabados por la Inspección, por entender que “dicho certificado de residencia es expedido a todo nacional estadounidense por el mero hecho de serlo”.
Finalmente, aun cuando la Audiencia Nacional no consideró necesario aplicar el convenio de doble imposición, concluyó que, en cualquier caso, un eventual conflicto de residencia se habría resuelto acudiendo a la normativa interna española, al equiparar los conceptos de “centro de intereses vitales”, manejado por el convenio, y el de “núcleo o base de sus actividades o intereses económicos”, previsto en la Ley del IRPF.
El Supremo se pronunciará, por un lado, sobre si la expresión “núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos” que emplea la Ley del IRPF como criterio para determinar la residencia fiscal en España puede interpretarse como suficiente para que el interesado sea titular de un patrimonio inmobiliario en nuestro país, cuando consta acreditado que no obtiene rentas en territorio español.
Además, el Tribunal analizará si un órgano judicial o administrativo puede prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal válidamente emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un convenio de doble imposición cuando dicho certificado se extiende en el sentido del convenio. Por otra parte, estudia si, a los efectos de analizar la existencia de un conflicto de residencia entre dos Estados, es posible rechazar el contenido de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del otro Estado contratante en el sentido del convenio de doble imposición, o la validez del referido certificado debe ser presumida, no pudiendo ser su contenido rechazado, precisamente por haberse suscrito el Convenio.
Otro de los asuntos sobre los que se pronunciará el Supremo es sobre si es posible que, para evitar la doble imposición de forma unilateral, un Estado firmante de un convenio pueda enjuiciar la existencia de un conflicto de residencia, prescindiendo de la aplicación de las normas específicas suscritas en el referido convenio para estos casos. Concretamente, si en presencia de un conflicto de residencia, es necesario acudir a las normas previstas para su solución en el convenio de doble imposición requiriendo para ello de una interpretación autónoma y separada de las normas internas que alberguen conceptos similares.
Los abogados responsables de este recurso confían en una sentencia favorable que aborde todas las cuestiones planteadas de manera razonable. En España, hay mucha litigiosidad en materia de residencia fiscal.