La ‘guerra del agua’ entre Colau y Agbar repercute en el recibo
Los hogares barceloneses seguirán pagando una tasa ambiental que, desde julio de 2020, se aplica en el recibo del agua, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de anularla. Según el auto, el informe económico que el Ayuntamiento aprobó para justificar su puesta en marcha era excesivamente “genérico”. La decisión del TSJC va mucho allá de un debate técnico, a raíz de la larga pugna entre Agbar –el principal socio de la empresa mixta que gestiona este servitarillado cio– y la alcaldesa, Ada Colau. Esta última llegó al cargo en 2015 con programa que defendía municipalizar la red de aguas y desde entonces los desencuentros con la empresa del grupo francés Veolia han sido constantes.
El recargo anulado se sitúa entre los 27 y 51 euros anuales, y deben pagarlo 557.000 domicilios, el 73,3% del total. Según Agbar, “la mitad” del recibo corresponde a impuestos. Son el IVA –que fija el Estado–, el canon del agua –que determina la Generalitat– y tres tasas locales: la de alcan–municipal– y dos que permiten financiar el tratamiento de residuos, que establecen el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento. Esta última es la que se ha anulado.
El AMB es una administración supralocal que preside Colau y que engloba a la capital catalana y 35 municipios de su entorno. Es también la propietaria del 15% de las acciones de la empresa mixta junto a Agbar (70%) y CriteriaCaixa (15%).
El fallo no es firme y Agbar precisa que la tasa anulada se sigue cobrando. El consistorio lo recurrirá y no prevé devolver los 78,67 millones de euros que ha recaudado entre su creación, en julio de 2020, y el pasado julio.
Según el gobierno barcelonés, la nueva Ley nacional de Residuos obliga a los ayuntamientos a crear un recargo de este tipo. Así lo han hecho Sevilla, Valencia y 24 municipios de la conurbación de Barcelona.