Crisis en los impuestos municipales: la Justicia pone la lupa sobre su legalidad
IMPOSICIÓN LOCAL/ Tras el varapalo del Constitucional a la plusvalía, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) atraviesa ahora una serie de reclamaciones jurídicas que ponen en duda el futuro del tributo.
Tiempos difíciles para los impuestos municipales. El reciente varapalo del Tribunal Constitucional (TC) al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – la llamada plusvalía municipal– ha abierto un debate jurídico que ahora afecta a otro impuesto local: el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El alcance de la sentencia del Constitucional –unido a las reclamaciones sobre el impuesto en la pandemia y las recomendaciones de los expertos– pone en duda el futuro de este tributo.
La clave está en las sospechas sobre su adecuación al “principio de capacidad económica”. Esta idea jurídica, figura clave en el ordenamiento tributario español, hace referencia a la posibilidad real o suficiencia de una persona física o jurídica para hacer frente a una obligación tributaria concreta exigida por una Administración Pública. Exige así una ponderación justa de la capacidad contributiva del ciudadano.
La dudas nacen del propio diseño del IAE, que grava el ejercicio de actividades económicas, lo que implica el gravamen de una riqueza que aún no se ha producido. El impuesto funciona con unas tarifas prefijadas en función de un beneficio medio previsto, un criterio que puede colisionar con la nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal.
¿Criterio trasladable?
En síntesis, el fallo del TC refuerza el principio de capacidad económica. De esta forma, exige que la carga impositiva se produzca en función de la capacidad de los contribuyentes. Los magistrados del Constitucional argumentan que que “cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad”.
Algunos juristas apuntan a la posibilidad, aunque con dudas, de que en un futuro se pueda trasladar este criterio al Impuesto sobre Actividades Económicas. Sin embargo, el impuesto –que existe en España desde hace más de 30 años– ha resistido varios envites judiciales y ha superado la litigiosidad que creó al principio de su aplicación.
No es el único problema del IAE. El impuesto está en el punto de mira del grupo de expertos del Ministerio de Hacienda, que critican este tributo municipal.
El Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal, presentado febrero con las recomendaciones del grupo de Hacienda, recoge un epígrafe dedicado al Impuesto sobre Actividades Económicas. La figura fue anteriormente objeto de valoración por parte de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local. El análisis incluía un amplio conjunto de críticas y enumeración de defito ciencias técnicas en la articulación del IAE que siguen vigentes en la actualidad y que también comparte el Libro Blanco de este año.
“No atiende a los principios de generalidad, capacidad económica, equidad, progresividad, no discriminación o neutralidad económica”, destaca. “En buena parte, estas deficiencias se deben a que el IAE es un impuesto indiciario, con una estructura anacrónica y unos indicadores y módulos arcaicos que pretenden aproximar el beneficio medio presunto de una actividad económica”, añade.
Distorsiones relevantes
Los expertos de Hacienda opinan que el IAE no se adecúa a un impuesto “moderno” basado en los principios de eficiencia y la capacidad de pago. A su juicio, el IAE es un impuesto con capacidad para generar “distorsiones relevantes” en las decisiones de localización y organización de la actividad económica por parte de los agentes. “El impuesto, además, no respeta los principios de generalidad, no discriminación y equidad al excluir de su ámbito de aplicación a los profesionales o las personas jurídicas con una cifra de negocios inferior al millón de euros que realizan actividades económicas”, apunta el informe.
El documento propone su eliminación “al no corresponder este tributo a una figura propia de un sistema tributario moderno”. A su juicio, “esta reforma contribuiría a la simplificación del sistema tributario, tanto de su gestión administrativa como de sus implicaciones en términos de menores costes por parte del sector empresarial, reduciría las distorsiones en las decisiones de localización y realización de inversiones empresariales, y mejoraría la equidad del sistema al eliminar una discriminación en el deber de contribuir por el mero hecho de realizar una actividad económica”.
Impacto recaudatorio
Hacienda ha estudiado ya, de hecho, el impacto recaudatorio directo de la eliminación del IAE. En términos de suficiencia recaudatoria del sistema, la eliminación del tributo no tiene un impacto de 1.800 millones de euros, con los datos del ejercicio de 2019. Sin embargo, es un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS), por lo que Hacienda estima que su eliminación supondría un incremen
En los últimos meses se han producido reclamaciones contra el IAE por la paralización del Covid
“Es indiciario, con una estructura anacrónica y módulos arcaicos”, dicen los expertos del Ministerio de Hacienda
de la base gravable en Sociedades que permitiría recuperar, en términos de devengo, una cifra estimada entre el 15% y el 20% de la pérdida recaudatoria del IAE.
Por otra parte, en los últimos meses se han producido reclamaciones judiciales y administrativas para exigir la parte de las cuotas de la paralización obligatoria de la actividad debido al estado de alarma impuesto por el Covid-19. Varios juzgados y hasta un Tribunal Superior de Justicia creen que “no hay hecho imponible” en estos casos. Por ello, establecen que se debe ajustar de la carga del impuesto al tiempo efectivo de desarrollo de la actividad.