La letra pequeña del impuesto a fortunas: lo que habrá que pagar de más por comunidad
El nuevo tributo de Solidaridad, que finaliza esta semana su tramitación en el Congreso, es la fórmula escogida por el Gobierno para armonizar Patrimonio de forma indirecta. El PP lo recurrirá al Constitucional.
El nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas está cada vez más cerca de ser una realidad. El Pleno del Congreso de los Diputados votará mañana su aprobación y, con ello, será remitido al Senado para continuar su tramitación con la intención de que entre en vigor ya en 2023 con una vigencia de, en principio, dos años, aunque desde el Gobierno no han cerrado la puerta a más adelante hacerlo permanente, tal y como reclaman desde Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC y Bildu.
El gravamen, cuyo origen se sitúa a finales de septiembre como respuesta del Gobierno a los anuncios de rebajas fiscales en forma de bonificación puestos en marcha por las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el Impuesto sobre Patrimonio, es una armonización indirecta de éste. Así lo reconocen PSOE y Unidas Podemos en la enmienda que presentaron para crear este tributo en la misma proposición de ley que conduce la creación de los nuevos gravámenes extraordinarios a banca y empresas energéticas.
Para ello, el tributo se ha diseñado a imagen y semejanza del Impuesto sobre Patrimo
nio, al configurar la base imponible de la misma forma, pero mientras éste último se aplica a los patrimonios superiores a 700.000 euros –algunas comunidades tienen este umbral más bajo–, sin tener en cuenta los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual, el nuevo gravamen será abonado por aquellos contribuyentes con una riqueza superior a 3 millones de euros, aunque al establecer también un mínimo exento de 700.000 euros, en la práctica el impuesto se pagará a partir de los 3,7 millones de euros. Para el primer año de vigencia el patrimonio a tener en cuenta será el registrado a 31 de diciembre de 2022. En cuanto a la tarifa, se aplicará un tipo del 0% hasta los 3 millones de euros; del 1,7% a los patrimonios de 3 a 5 millones; otro del 2,1% desde los 5 a los
10 millones, y del 3,5% para las fortunas que superen los 10 millones de euros. Por otra parte, el texto normativo prevé que la suma de IRPF, Patrimonio y el nuevo tributo solidario no podrá superar el 60% de la renta anual, mientras que, en caso de hacerlo, la cuota del nuevo impuesto sólo se reducirá en un máximo del 80%.
¿Doble tributación?
Para evitar que el tributo pueda ser llevado a los tribunales aludiendo que supone una doble tributación, el Gobierno establece en el gravamen que los contribuyentes se deducirán la cuota que abonen por el Impuesto sobre Patrimonio, lo que supone un claro signo de la intención del Ejecutivo de contrarrestar las bonificaciones aplicadas en dicho tributo por varias comunidades gobernadas por el PP. En concreto, Madrid y Andalucía cuentan con una bonificación del 100% en Patrimonio que hace que sus contribuyentes no tengan que abonar ninguna cantidad por ese gravamen, mientras que Galicia dispone una del 50% y Murcia ha indicado su intención de bonificarlo también totalmente en 2023.
De esta manera, los contribuyentes de dichas autonomías serán los más perjudicados por el nuevo impuesto de Solidaridad, ya que tendrán que abonar en éste lo que hayan dejado de pagar en Patrimonio. Por ello sus respectivos gobiernos, todos del PP, ya han indicado que recurrirán el impuesto ante el Constitucional, al considerar que la armonización indirecta supone vulnerar sus competencias y capacidad normativa en un impuesto cedido.
Sin embargo, estas no serán las únicas autonomías afectadas por el nuevo gravamen, ya que, en aquellas que cuentan en Patrimonio con tipos marginales inferiores al 3,5% que aplicará el nuevo impuesto, a los contribuyentes de mayores patrimonios les saldrá a pagar una cuota superior a la que abonan en Patrimonio, por lo que, aunque se deduzcan la cuota pagada en el impuesto autonómico, tendrán que abonar la diferencia en el nuevo gravamen (ver gráficos adjuntos).
Además, aunque el nuevo tributo mantiene la exención que hay en Patrimonio a la empresa familiar –si bien podría ser más rígida que la que aplican las comunidades–, no hace lo mismo con las exenciones a personas con discapacidad que aplican Aragón, Asturias y Cataluña; la bonificación del 95% para propiedades forestales de Cataluña; la del 90% sobre bienes de consumo cultural de Baleares o las bonificaciones de cuota por creación de empresas y desarrollo de determinadas actividades en Galicia, por lo que quienes disfrutan de estos beneficios fiscales en Patrimonio también se verán perjudicados con el nuevo gravamen.
La estimación de Hacienda es que el impuesto afectará a los 22.746 mayores contribuyentes del país (el 0,1% del total), frente a los 212.284 declarantes de Patrimonio de 2019.
El impuesto afectará a los grandes patrimonios de contribuyentes de siete comunidades