El teletrabajo internacional, el nuevo riesgo fiscal que acecha a las empresas
LABORAL/ Trabajar desde un hogar situado en otro país puede tener consecuencias fiscales para asalariados y empleadores. La falta de una normativa acordada a nivel global obliga a analizar la situación caso por caso.
Se ha escrito mucho de las consecuencias del trabajo desde casa a nivel de organización –cuál es la mejor forma de distribuir el tiempo entre las principales tareas–, rutinas –como evitar trabajar en pijama–, aplicaciones informáticas para hacer videollamadas y compartir documentos e incluso cuál es la mejor habitación para instalar el ordenador. Hay otro aspecto que en la fase inicial de la pandemia pasó desapercibido, pero que amenaza con convertirse en un factor de incertidumbre para empleados y empleadores: cuáles son las consecuencias tributarias del trabajo en remoto desde el extranjero.
La situación ya ha originado diversos conflictos interpretativos con la Administración tributaria y las consultas se hacen extensivas tanto a los trabajadores de otros países que han decidido establecerse en España como a los de firmas españolas que prestan su trabajo desde su domicilio situado el extranjero. “Lo que determina la tributación de un empleado es su residencia fiscal, con independencia de dónde esté el pagador”, explica a EXPANSIÓN Jesús Romero, profesor del título de experto de Fiscalidad Internacional de la escuela de negocios Esade y socio del departamento de planificación fiscal de la consultora y auditora Crowe Horwath.
Sede física
Un concepto clave es el de establecimiento permanente (EP). Está muy claro que un taller, una fábrica, una oficina y un almacén tienen esta consideración por parte de la Agencia Tributaria y lo mismo ocurre con una mina; una explotación agrícola, forestal o pecuaria; un punto de extracción de recursos naturales e incluso las obras de construcción y montaje cuando su duración supera los seis meses. Pero, ¿qué ocurre cuando se trabaja desde casa?
Cuando estalló la pandemia, en marzo de 2020, el secretariado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió una serie de recomendaciones no vinculantes y que guiaban a los estados miembros sobre cómo proceder si algún trabajador se había quedado atrapado en otro país. En este caso, emplazó a las Haciendas a ser flexibles mientras durasen las restricciones a la movilidad internacional.
Consulta vinculante
En la consulta vinculante V0066/22, la Dirección General de Tributos establece que trabajar desde España para una compañía situada en otro país mientras estuvieron en vigor restricciones para
contener el Covid-19 no supone el nivel suficiente de arraigo como para plantear la existencia de un establecimiento permanente de una empresa.
Este caso afecta al trabajador de una empresa situada en Reino Unido y que se encontraba en España cuando se decretó el estado de alarma, por lo que no pudo regresar a su país. Cuando concluyó el confinamiento, el empleado decidió unilateralmente y por motivos personales permanecer en España y trabajar en remoto, algo que
su empleador no aceptó, por lo que su relación laboral terminó a principios de 2021.
El artículo 9 de la ley 35/2006 establece que una persona tiene residencia fiscal en España cuando permanece más de 183 días a lo largo de un año natural. La compañía quiso saber si esta consideración podía afectar a su anterior empleado, por lo que tramitó una consulta a la Dirección General de Tributos.
En este caso, se consideró que la vivienda del trabajador no estuvo a disposición de la
empresa ya que su decisión fue unilateral, no le exigió en ningún momento trabajar desde casa, no le sufragó ningún gasto ni tampoco le abonó remuneración especial. Por todo ello, concluye que no puede considerarse que su domicilio fuese un establecimiento permanente. Sin embargo, Romero asegura que esta situación no puede extrapolarse y que hay que analizar la situación “caso por caso”. No hay ninguna normativa internacional sobre esta cuestión que esté en vigor, por lo que las circunstancias específicas de cada episodio son determinantes.
Todo ello contribuye a incrementar la sensación de incertidumbre por parte de las empresas, dice Romero. “Las compañías no deben asustarse, pero sí que deben ser conocedoras del riesgo de establecimiento permanente; si el domicilio del empleado en remoto es su lugar de trabajo, se convierte claramente en un centro de trabajo según la OCDE, lo que conlleva obligaciones” tributarias, agrega.