“Prevenir y anticiparse a posibles riesgos fiscales es clave para RIU”
ENTREVISTA DANIEL OLIVER Director del área Fiscal de RIU/ Avisa de que las diferencias interpretativas entre administraciones generan “indefensión” y considera que el sector hotelero está “fuertemente regulado”.
En RIU, grupo familiar con implantación en más de una veintena de países y un centenar de hoteles en cartera (noventa de ellos en propiedad), son conscientes de la importancia de llevar a cabo una planificación fiscal minuciosa y un análisis pormenorizado de las implicaciones y obligaciones fiscales derivadas de las operaciones de reestructuración, inversión y desinversión. “Nuestro departamento fiscal reporta directamente a Joan Tian Riu, miembro de la familia Riu e integrante del consejo de administración y del consejo directivo del grupo, y la comunicación es muy fluida. Es la mejor garantía de la alineación de la política fiscal con las directrices que marca el consejo. La prevención y anticipación a posibles riesgos fiscales es uno de los puntos que siempre tiene Joan Trian sobre la mesa”, explica Daniel Oliver, director del departamento Fiscal de RIU, a EXPANSIÓN.
El departamento Fiscal de RIU, compuesto por cinco profesionales, se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa y de su adaptación a la operativa del grupo con, entre otros cometidos, un análisis de los incentivos fiscales existentes a la inversión productiva en las distintas jurisdicciones en las que la empresa está presente y del estudio de los aspectos fiscales derivados de reestructuraciones o de compra de activos. También se encarga de aspectos como la tributación directa del grupo; de asesorar a otros departamentos o de las inspecciones y requerimientos de las distintas administraciones tributarias.
Desafíos
Oliver advierte de que las empresas multinacionales como RIU tienen que hacer frente en ocasiones a diferencias interpretativas entre administraciones tributarias de distintas jurisdicciones que provocan “cierta sensación de indefensión”. “Cada vez es mayor el volumen de información a aportar a la Administración Tributaria, lo que obliga a adaptar la estructura y sistemas a dicho cumplimiento”, añade.
A esto se suman otros retos como la adaptación a cambios
normativos constantes en todos los niveles, desde la OCDE, la Unión Europea, o los distintos ámbitos nacional, autonómico y local.
La amplia huella internacional de RIU, con presencia en cuatro continentes y con 94 sociedades (14 en España, diez en EEUU, nueve en Aruba, seis en México y, el resto, en los demás destinos en los que opera), provoca que las realidades fiscales entre países sean dispares. “Nos encontramos con jurisdicciones con alto nivel de digitalización y normativa avanzada, como es España, mientras que en otras el nivel de tecnificación de los procedimientos es muy bajo”, aclara.
Otro ejemplo de las diferencias entre mercados es la tributación de la tenencia de inmuebles, con Estados Unidos a la cabeza. “El caso más claro es Nueva York. El impuesto a la propiedad allí roza lo confiscatorio”.
Las respuestas fiscales a la situación crítica de las hoteleras con el Covid también ha sido muy desigual durante la pandemia. Mientras que en países como Estados Unidos se aprobaron “amplios” programas de ayuda a familias, negocios y empresas, en España, desde el punto de vista fiscal, no se ha contado con una política relevante a nivel
nacional y cada comunidad se ha regulado de forma independiente. Por ejemplo, los planes de apoyo en Canarias han sido “muy superiores” a los de Baleares, indica.
Oliver denuncia también que la necesidad de las administraciones públicas de elevar su recaudación se traduce en nuevas figuras tributarias e incremento de las ya existentes. “Dos años después del estallido del Covid, con el levantamiento de las restricciones, se ha producido un efecto rebote que ha permitido una temporada 2022 muy buena. Esto ha llevado a las administraciones tributarias a aumentar la presión fiscal sobre el sector, olvidando que venía de sus dos peores años en la historia reciente”, aclara.
El directivo evidencia también que la tasa turística, que se cobra en cada vez más mercados, no es “finalista” ni redunda en la mejora de los destinos, sino que provoca una “pérdida de competitividad” .
Para Oliver el sector hotelero está “fuertemente regulado” y sometido a control en ámbitos como el fiscal, laboral, sanitario y en áreas como el turismo o el consumo frente a otros negocios que quedan fuera de ese control. “El alquiler vacacional con, en su mayoría negocios familiares de pequeña magnitud, es un sector con un nivel de control notablemente inferior. Esta situación está empezando a cambiar en aquellos destinos que están dando señales de saturación”, avanza.
En cuanto a los modelos fiscales de la gran empresa, Oliver considera que han evolucionado en los últimos años motivado por la presión de los países desarrollados y por una mayor concienciación de la necesidad de sostener los servicios públicos. El directivo asegura que actualmente existe una mayor transparencia y colaboración con las autoridades fiscales y una planificación fiscal “menos agresiva”, aunque se sigue buscando una fiscalidad favorable para las inversiones productivas que generen riqueza.
Se ha elevado la presión fiscal al sector olvidando que venía de los dos peores años de su historia”
El alquiler vacacional está notablemente menos regulado que el hotelero, aunque esto empieza a cambiar”