Prevención y transparencia, en la base del modelo fiscal de la gran empresa
GESTIÓN DE RIESGOS/ Ante un marco tributario cada vez más complejo y exigente, las compañías ponen el foco en la anticipación y la transparencia. Además, sus modelos pivotan hacia una relación con la Administración basada en la cooperación.
En un escenario global de creciente complejidad y exigencia en materia tributaria, la función fiscal se ha transformado hasta adquirir un protagonismo incuestionable en las compañías. Especialmente en el caso de las grandes empresas, contar con una política de prevención y transparencia fiscal acompañada por una adecuada comunicación externa resulta clave para generar confianza entre los distintos grupos de interés, e incluso para garantizar su propia sostenibilidad en el tiempo.
Por ello, las organizaciones hacen hincapié en la anticipación y ponen el acento en una nueva relación con la Administración. Sobre estos aspectos se centró el encuentro La prevención fiscal desde el punto de vista de la gran empresa, organizado por EXPANSIÓN con la colaboración de Deloitte Legal.
¿Qué ha cambiado en el enfoque de las grandes compañías en los últimos años? “Ha aumentado la concienciación por parte de los órganos de gobierno, y cada vez hay más grupos de interés que influyen en este sentido”, explicó José María Vallejo, director Global Fiscal de BBVA. En cuanto al modelo fiscal, Vallejo destacó cuatro fases en este proceso de cambio: “El primer paso fueron las demandas de transparencia, después creció la responsabilidad de los órganos de gobierno, más tarde emergió la tecnología ligada a la gobernanza y ahora están eclosionando los aspectos ESG como nuevo paradigma”.
Ignacio de Felipe, director responsable del Asesoramiento Fiscal del Grupo Ferrovial, coincidió en que “el último gran empuje viene dado por la adopción de las medidas ESG, que tienen un impacto directo sobre el presente y futuro de las empresas”. Para garantizar que la función fiscal está alineada con el gobierno de la organización, el representante de Ferrovial apuntó que todas las decisiones deben contar con este enfoque: “El mecanismo más potente es que todas las operaciones que aprueba el consejo de administración requieran de un informe fiscal”.
Asimismo, “existen grandes beneficios en que las reglas del juego entre las distintas partes que intervienen estén definidas con detalle: para garantizar un buen gobierno a nivel fiscal debemos contar con medidas claras que establezcan cómo se gestiona desde el propio grupo”, recalcó David Mateu, director Fiscal del Grupo Sacyr. La relevancia que han adquirido estos aspectos ha llevado a los departamentos fiscales a asumir una participación más activa en el día a día corporativo. “Es una oportunidad de oro para dar un paso al frente”, afirmó Mateu.
Ante el incremento de la presión fiscal y el escrutinio de la opinión pública, las empresas deben ser capaces de explicar cómo contribuyen a la sociedad. En los últimos tiempos, los aspectos relacionados con la fiscalidad se han convertido en un riesgo de alto impacto reputacional, sobre todo para las grandes firmas. “La prevención fiscal y las buenas prácticas en materia de gobernanza afectan favorablemente a la reputación de las compañías”, destacó Miguel Gutiérrez, socio de Fiscal de Deloitte Legal. Así, la transparencia y la comunicación son determinantes para conectar con clientes, inversores, proveedores y Administraciones.
En la misma línea, “no sólo debemos ser transparentes, sino también muy instructivos a la hora de trasladar cuál es nuestra contribución fiscal”, puntualizó Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola. Dado que se trata de uno de los pilares para el cumplimiento de la política fiscal, García-Rozado señaló que “la formación del equipo fiscal es esencial para desempeñar sus tres funciones clave: el cumplimiento de la norma, la transparencia en la información fiscal y el establecimiento de una relación fluida con las Administraciones”.
Acerca de este punto, “en los últimos años se han dado pasos en materia de relación cooperativa con la Administración, pero aún existen importantes retos a los que hacer frente”, complementó Carlos Serrano, socio de Fiscal de Deloitte
Legal. De este modo, la prevención de riesgos fiscales a través de la anticipación y de una relación cooperativa con la Administración se perfila como una necesidad insoslayable para todo modelo fiscal sostenible, que también requiere un marco jurídico adecuado.
Seguridad jurídica
Como recalcaron los expertos, esta certidumbre juega un papel fundamental para atraer inversión e impulsar el crecimiento económico. José María Vallejo incidió en que “la seguridad jurídica es un elemento básico para que el riesgo fiscal esté acotado y debe ser entendida de manera global”, desde la redacción de la norma hasta su aplicación final “dentro de un sistema tributario en armonía”.
En paralelo, los avances tecnológicos están cambiando la relación de la Agencia Tributaria con los contribuyentes. “Hay que avanzar hacia una relación de cooperación con la Administración: el escenario de madurez de la tecnología nos llevará a transmitir información en tiempo real”, advirtió David Mateu. Unido a esta apuesta por la cooperación, Ignacio de Felipe confirmó que “comunicar el dato fiscal es necesario para poner en valor la labor realizada de cara a los grupos de interés”.
Por último, la existencia de estándares y certificaciones de terceros independientes favorece la credibilidad y eleva la robustez de los modelos de gestión de riesgos fiscales. “El hecho de tener modelos de gobernanza validados por terceros es algo que da tranquilidad al consejo de administración”, concluyó Begoña García-Rozado.