La UE permitirá a los países limitar los pagos en efectivo por debajo de 10.000 euros
Acudir a un cajero automático y extraer efectivo. Llegar al mostrador de una tienda, coger la cartera o el monedero y pagar con billetes o monedas. Estos gestos tan habituales hasta hace no mucho están pasando a ser cada vez más inusuales. La pandemia de Covid-19 ha acelerado un cambio de hábitos a la hora de pagar, que desde 2020 ha dado lugar a que realizar un pago con dinero en efectivo empiece a ser algo poco usual.
Este cambio de costumbres tiene también su impacto a nivel fiscal. El uso del efectivo puede dar lugar a que, al no ser rastreado, alimente la economía sumergida, con el consiguiente perjuicio a la sociedad al esquivar el pago de impuestos. Así, el mayor uso del pago con tarjeta es una de las razones, según indican desde el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, del gran aumento de la recaudación fiscal registrado en 2021 y 2022, que estos organismos achacan en buena parte a la afloración de economía sumergida.
Con el objetivo de profundizar en la lucha contra el blanqueo de capitales, los países que integran la Unión Europea han acordado, en el seno del Consejo Europeo, prohibir los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, aunque permitirán a los Estados miembros que puedan establecer límites inferiores (como ya es el caso de España, que desde 2021 lo tiene fijado en 1.000 euros). Para ello el Consejo debe acordar con el Parlamento Europeo una nueva normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el marco de la reunión del Consejo, el ministro de Hacienda de la República Checa, Zbynek Stanjura, que ostenta la presidencia de turno, indicó que “para blanquear dinero sucio, los delincuentes y las organizaciones criminales han tenido que buscar lagunas en nuestras normas vigentes, que ya son bastante estrictas pero nuestra intención es cerrarlas y aplicar normas aún más estrictas en todos los Estados miembros”.
Cabe señalar que el nuevo Gobierno italiano, liderado por la primera ministra, Giorgia Meloni, decidió a finales de octubre y en la que fue su
primera medida económica, elevar a 5.000 euros la cuantía máxima permitida en los pagos con efectivo, frente a los 2.000 euros en los que el país transalpino fijaba hasta ahora dicho límite y los 1.000 a los que se iba a reducir a partir de 2023. La medida ha sido criticada por el Banco de Italia, que considera que perjudica la lucha contra el fraude fiscal.
Con la posición adoptada por los Estados miembros se zanjan las críticas que el Banco Central Europeo realizó a la limitación aprobada por España en los 1.000 euros, que consideró “desprorporcionada”. Sobre este punto, la Comisión Europea ya había rechazado la apertura de un procedimiento de infracción contra España por esta medida, que Bruselas considera “una cuestión clave en el marco de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”.
El Banco de Italia ha criticado al Gobierno de Meloni por elevar el límite de 2.000 a 5.000 euros