Qué debe cambiar en la fiscalidad ambiental para cumplir con Europa
EMISIONES/ España debe revisar con urgencia sus políticas de movilidad y electrificación si quiere alcanzar los objetivos fijados por la Agenda 2030.
España ha recibido numerosas llamadas de atención en los últimos años por su insuficiente fiscalidad ambiental, tanto por parte de la Comisión Europea como de organismos internacionales como la OCDE o el FMI. Las quejas vienen, por un lado, desde un punto de vista cuantitativo, ya que según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Europea en 2019 la recaudación por impuestos medioambientales en España se situó en el 1,8% del PIB, seis décimas por debajo de la media ponderada de la UE de los 27 (2,4%) y aún más alejada de la media aritmética de los estados miembros (2,6%). Además, estos organismos también consideran que existe una gran capacidad de mejora a nivel cualitativo, en el propio diseño de muchas figuras tributarias. Una de las consecuencias es que España no está cumpliendo con los objetivos marcados en el calendario europeo y la Agenda 2030.
En particular (como se refleja en el cuadro adjunto) es preciso llevar cabo actuaciones en el ámbito de las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI), concretamente en los denominados sectores difusos o no sometidos al mercado europeo de comercio de emisiones, como el residencial, transporte y agricultura; y de otros contaminantes (amoniaco, óxidos de nitrógeno, partículas y compuestos orgánicos volátiles) que comparten su origen.
La actividad del transporte es la que más preocupa. “Aunque la fiscalidad no es la única herramienta para cumplir con esos objetivos –y podrían ser mecanismos regulatorios vía prohibiciones–, sí puede ser una palanca para alcanzarlos”, destaca José María Cobos, socio de Garrigues. Cobos, considera que ya se han dado los primeros pasos con leyes como la de residuos, que incluye el impuesto sobre depósito de residuos que armoniza los autonómicos que ya existían, o en materia de emisiones con el impuesto a los gases de efecto invernadero. En cambio, considera que “el sector más difuso es el transporte ya que tiene un fuerte componente social”.
Tres categorías
De las tres categorías de impuestos ambientales –energía, transporte y contaminación–, el transporte es la asignatura pendiente, así lo refleja el propio Libro Blanco de la Reforma Tributaria. Este documento, que recoge las que considera las cuatro áreas de actuación más urgentes en materia de fiscalidad ambiental dedica dos de ellas a los transportes. Sobre la movilidad asegura que contribuye a los principales problemas medioambientales españoles, siendo el principal causante de las emisiones de GEI y de los episodios recurrentes de contaminación en muchas ciudades. Por esta razón, explica, es necesario extender e intensificar la tributación correctora vigente sobre vehículos y combustibles, promoviendo aquellos modos de transporte más favorables en términos medioambientales. En segundo lugar, se refiere a la electrificación sostenible, el grupo de expertos determina que es necesario que se garanticen esfuerzos mayores en la internalización de daños y eficiencia energética de las alternativas fósiles a la electricidad para no perjudicar el proceso de electrificación.
Los otros dos ámbitos de actuación urgente según el Libro Blanco son más transversales. Un aumento de la circularidad y la incorporación de costes medioambientales asociados al uso del agua.