Así sustituirá el tributo europeo para las energéticas al español
LEGISLACIÓN/ El gravamen europeo del 33% sobre el beneficio extra de petroleras y gasistas reemplazará la tasa española del 1,2% de la facturación de todas las energéticas.
El sector energético asiste estos días, entre atónito y expectante, al proceso de creación de dos nuevas figuras tributarias en paralelo, una española y otra europea, con un mismo objetivo: exigirle una aportación adicional a las arcas públicas que ayude a mitigar el impacto de la crisis inflacionista agravada por la invasión rusa sobre Ucrania. Aunque solo puede quedar uno, y el impuesto comunitario está llamado a sustituir al nacional si prospera, las dudas sobre el consenso que pueda concertar entre los países europeos obliga de momento a las compañías energéticas a seguir contemplando el potencial impacto de ambas figuras sobre sus cuentas.
La iniciativa más novedosa es la presentada la pasada semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que defendió que “las grandes empresas de petróleo, gas y carbón obtienen enormes beneficios” y que “tienen que pagar una parte justa, tienen que dar una contribución de crisis”. La propuesta de la Comisión, que se sustanció en un borrador de reglamento, plantea la creación de una “contribución solidaria”, esto es, un impuesto temporal de nuevo cuño común para todos los países. Una iniciativa fiscal inédita en la Unión Europea que busca recaudar un tercio de los beneficios extraordinarios cosechados por empresas energéticas como consecuencia del alza de precios en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías en 2022. El mecanismo permitiría ingresar 25.000 millones de euros. Se trataría de un gravamen del 33% sobre los beneficios que superen en un 20% la media de ganancias anuales obtenida por cada firma entre 2019 y 2021. En el caso de aquellas compañías que arrojen un resultado negativo en el periodo, la cifra de referencia sería “cero” y el tipo se aplicaría sobre todos los beneficios de 2022.
El plan comunitario contrasta con la "prestación pública patrimonial no tributaria” promovida por los grupos que forman el Gobierno de coalición, que aplicaría un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios de todas las firmas energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Este tributo estaría en vigor en 2023 y 2024, gravando los resultados de los años inmediatamente anteriores, con el objetivo de recaudar 4.000 millones, 2.000 cada año. Su impacto para las compañías españolas sería mayor que el de la tasa europea que grava beneficios de un único año de petroleras y gasistas, en lugar de dos ejercicios de facturación de todo el sector.
Aunque Hacienda ha reconocido que reemplazará el tributo español por el europeo si este prospera, la propuesta de Bruselas debe lograr una mayoría cualificada en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 30 de septiembre. Mientras tanto, el Congreso proseguirá tramitando y modulando el impuesto español, que podría llegar a aprobarse para ser inmediatamente sustituido por el comunitario en función de los plazos de tramitación de ambas iniciativas. Las dos, en todo caso, deben de ser aprobadas antes de final de año para poder gravar las cuentas de las firmas energéticas de 2022.
Hacienda sustituirá la tasa española por la europea si el Consejo Europeo avala el plan de Bruselas