“Una carga fiscal excesiva puede acarrear problemas en la economía”

ENTREVISTA BALTASAR GÓMEZ FEBREL Director de Fiscalidad en Naturgy/ En la mayor gasista española y la tercera eléctrica, explican cuánto paga el sector y reclaman coordinación entre administraciones.

Baltasar Gómez Febrel, director de Fiscalidad en Naturgy, es consciente del entorno en el que vive en estos momentos. “El sector energético está en el debate público de manera permanente en los últimos meses, es evidente”, dice en una entrevista con EXPANSIÓN. Y una parte relevante de ese debate son los impuestos que soportan ya las energéticas y los que pueden soportar.

“Somos parte del sistema económico y la fiscalidad es una muestra de ello. Las cargas tributarias del sector van aumentando en los últimos años, pero se debe tener en cuenta que una carga excesiva sin justificación tributaria puede acarrear problemas para la economía de nuestro entorno”, dice.

“Las medidas tributarias deben ser siempre equilibradas, justificadas y adaptadas a la realidad de cada uno de los sectores”. “Sabemos que en un entorno como el actual, es necesario colaborar en la mitigación de la problemática derivada de la situación que el alza de precios de la energía genera en los consumidores”. Ahora bien, “también es necesario recordar que el nivel impositivo no puede incrementarse sin fin”.

Garantías constitucionales “Porque unos impuestos excesivos pueden llegar a tener un impacto negativo en el conjunto de la economía”, dice Gómez Febrel. Y añade: “Ni puede realizarse sin tener en cuenta las garantías legales y, particularmente, constitucionales que nuestro ordenamiento jurídico prevé”. “La actividad energética en España aporta en tributos más de 8.900 millones de euros año, según datos de 2020, sin tener en cuenta el Impuesto de Sociedades”. Sólo como ejemplo, dice, “por cada megavatio hora consumido en España en 2020 se tributaron 36 euros”. La aportación tributaria del sector energético “está fuera de duda”.

Si se pone en relación toda la carga tributaria con los costes totales del sistema eléctrico para 2020, que ascendieron a “33.559 millones de euros”, representa “un 26%”.

“En la factura final, el consumidor asume la carga tributaria, donde la carga impositiva se distribuye de la siguiente forma: casi un 70% son IVA e

“

El panorama existente es convulso; hay una gran dispersión fiscal y descoordinación entre administraciones” “

La aportación fiscal del sector eléctrico supera los 8.900 millones al año y está fuera de toda duda”

impuesto sobre la electricidad y un 30% son el resto de tributos”, comenta.

Ese cálculo no contempla el nuevo impuesto que quiere imponer el Gobierno a grupos energéticos y bancarios por sus supuestos beneficios extra en los últimos meses.

Gómez Febrel recuerda los datos del informe La fiscalidad de Sector de la Energía Eléctrica en la actualidad, elaborado por EY para la Fundación Naturgy: “En España hay 44 figuras impositivas estatales, autonómicas y locales”.

“De todas ellas, siete son tributos locales, pero hay que tener en cuenta que en España hay 8.131 municipios, cada uno con su regulación particular. Existe una gran desigualdad por territorios, con 11 Comunidades Autónomas que exigen tributos con efectos sobre la generación y distribución de energía eléctrica, en forma de impuestos sobre emisiones atmosféricas; sobre instalaciones, generación de electricidad, aguas embalsadas y energía eólica, mientras otras no lo hacen, al igual que hay ayuntamientos que imponen una tributación mínima y otros que no gravan la actividad”.

Dispersión fiscal

“La dispersión impositiva y normativa sobre el sector de la energía eléctrica es enorme, con el elevado coste en el cumplimiento de obligaciones formales que ello conlleva”. A eso se añade, “la descoordinación existente entre Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales”, que provoca “grandes distorsiones”. Por otra parte, “existe una gran inestabilidad”.

“En tan solo 3 años, de 2019 a 2020, ha habido numerosos cambios, como la reforma del canon hidráulico, la modificación en el impuesto sobre el gas natural y biogás, la creación de nuevas figuras impositivas autonómicas, o nuevos cánones por el uso de carácter excepcional de suelo no urbanizable”. El panorama existente es “convulso”.