¿Gravar los datos? Los países quieren su parte de los beneficios por estos activos
FISCALIDAD DIGITAL/ Las plataformas digitales obtienen gran parte de sus beneficios gracias a estos intangibles. La Unión Europea y algunos estados norteamericanos ya estudian unos impuestos a estos recursos.
Es el nuevo maná de las economías. Los datos, pese a ser un activo intangible, generan miles de millones de ingresos para las empresas. Desde una base con datos personales, hasta el uso masivo del big data a través de inteligencia artificial, estos activos se han convertido en una pieza indispensable de la economía.
Con la aparición de este nuevo recurso, las Haciendas de varios países –sobre todo los más desarrollados– buscan ya fórmulas para sacar partido a estos intangibles que, aunque no pueden tocarse, generan una actividad multimillonaria por sí mismos. La idea de un impuesto sobre los datos no es nueva y lleva tiempo en los foros de discusión fiscal, sobre todo en Estados Unidos.
Los argumentos de los defensores de este nuevo tributo se basan en dos tesis. En primer lugar, en que estos activos están compuestos por pequeños trozos de valor creados por los usuarios, pero que pueden ser revendidos, alquilados o utilizados de la forma que las empresas consideren oportuna. De esta manera, algunos fiscalistas consideran que hay poco valor añadido por las compañías. En segundo lugar, los foros internacionales sobre discusión fiscal digital apuntan a que al utilizar
Los foros fiscales internacionales creen que hay poco valor añadido por parte de las compañías
información sobre los ciudadanos como producto bruto para su procesamiento, las empresas internalizan esa externalidad. A modo de ejemplo, sería obligar a pagar a los “propietarios de una tierra que se está explotando”, por usar un símil de tributación tradicional.
Siguiendo esta línea, algunos territorios de Estados Unidos han intentado introducir un impuesto a los datos. El último ha sido el proyecto de ley 4959 del Senado de Nueva York el año pasado. El texto vinculó el impuesto al número de residentes neoyorquinos sobre los que una empresa recopila datos.
Sin embargo, gravar estos activos no es la única vía para conseguir un beneficio por parte de la Administración. En los foros de discusión fiscal cobra cada vez más fuerza la idea de la colaboración público privada. Esta tesis propone usar las bases de datos desarrolladas por las compañías privadas para crear redes públicas que reporten también beneficios a los gobiernos. En definitiva, hacer que los datos se abran al uso y desarrollo públicos –en un estándar abierto y acordado– y recibir un beneficio fiscal por ello.
De esta forma, si los datos valen más para una compañía que la ayuda fiscal, podrían conservarlos, aunque en este caso los servicios tributarios no harían a la empresa ningún reembolso. Por el contrario, si la información deja de valer más que el posible crédito fis
Entre las propuestas de los expertos está la de ofrecer ayudas fiscales a empresas que los compartan
cal, habrá un coste de oportunidad y las empresas se verían incentivadas a abrir los datos.
“Cada vez está más consolidado el criterio de que los datos personales también pueden constituir un activo empresarial susceptible de comercialización y con un valor económico determinable, lo que debe llevar a las empresas a considerar, dentro de su estrategia de explotación, la necesidad de incorporar los aspectos fiscales de, en este caso, su transmisión a un terce
ro”, destaca Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital de Ecix Group.
“En efecto, ahora que la cesión de datos se ha convertido en una actividad muy provechosa para muchas empresas que comercializan información para, por ejemplo, desarrollar programas empresariales de inteligencia artificial, deben incorporar, dentro de su planificación los costes fiscales que pueden comportar tales actividades desde el punto de vista del rendimiento del capital mobiliario”, explica Pérez Bes. “Asimismo, plantea una posible necesidad de revisión y actualización de los convenios de doble imposición, con tal de adaptarlos a estas nuevas situaciones que trae consigo la evolución digital de las empresas”, apunta.
“En todo caso habrá que estar muy atentos a la aprobación del paquete de normas europeas sobre explotación de datos e información (data act, data governance act, etcétera), pues prevén una nueva concepción del tratamiento de la información que, a buen seguro, va a transformar los criterios fiscales relacionados con la transmisión y uso de este tipo de activos”, concluye Pérez Bes.
Precisamente, una de las versiones de estas dos nuevas normativas contenía una disposición que autorizaba a las autoridades a exigir a las empresas que compartiesen datos de propiedad privada. Sin embargo, hace unas semanas la presidencia checa del Consejo de la Unión Europea propuso una reforma para proteger mejor los datos del sector privado cuando las autoridades públicas exigen acceso a ellos.
Estas nuevas normativas se encuentran actualmente en la etapa de diálogo a tres bandas, se están debatiendo en el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea y es probable que entren en vigor a mediados de 2024.