El Supremo facilita el registro ‘sorpresa’ de Hacienda
SENTENCIA/ Concluye que el anexo informativo que se entrega al investigado supone su consentimiento si firma la documentación.
El Tribunal Supremo (TS) facilita la entrada y registro de la Inspección de Hacienda en un domicilio. La sentencia avala que la Agencia Tributaria entregue en un anexo –redactado con lenguaje jurídico y entre una multitud de papeles– la información sobre la posibilidad que tiene el afectado de negarse al registro. El Tribunal concluye que con la entrega y firma de este documento, el investigado da su consentimiento si no manifiesta lo contrario.
El fallo considera que se presta “adecuadamente” el consentimiento, de forma libre e informada, para la entrada de la inspección en el domicilio del obligado tributario. El documento controvertido dice textualmente: “Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 113 y 142 de la LGT, en relación con los lugares a los que tiene acceso la inspección. Cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, deberá obtenerse su consentimiento o la oportuna autorización judicial (art. 113 y 142 LGT)”.
El Supremo considera que “esta mención expresa no deja margen al error”. El fallo añade que “resulta palmario que si no se presta ese consentimiento la inspección tributaria no puede entrar, de modo que la mera oposición o incluso la pasividad impiden la entrada, pues el consentimiento para no adolecer de invalidez ha de ser expreso, libre, e informado”.
Los magistrados subrayan que carece de importancia que los afectados sean o no especialistas en materia tributaria. “En este caso, el representante legal de esa y otras mercantiles, ha prestado consentimiento y firmado la diligencia que lo acredita. Sin que, desde luego, pueda tener relevancia, en los términos que se señalan en la instancia, y recoge la sentencia impugnada, que los asesores jurídicos presentes no fueran especialistas en Derecho Tributario”, apuntan.
Los investigados sostenían que la entrega del anexo informativo no constituye prueba suficiente a los efectos de prestar el consentimiento. “Esta práctica no supone que el obligado tributario conozca el derecho que le asiste a negar la entrada en el domicilio”, apuntaban en sus alegaciones. A su juicio, la entrega de este documento “se convierte en un mero formalismo, que es entregado junto con el resto de la documentación, y cuyo contenido, se arguye, resulta insuficiente, para que tenga lugar un consentimiento informado, que es el que debe mediar para realizar la entrada domiciliaria”.
Sin embargo, la Agencia Tributaria sostenía que “la entrega de ese anexo informativo no puede pasar desapercibida porque se entrega junto al acuerdo de iniciación, estando presente el administrador, responsable de la dirección y gestión de la entidad que es quien prestó el consentimiento”. El Supremo avala esta tesis. “Ninguna cuestión ni debate procesal se suscita sobre si estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido o no”, concluye el Tribunal.
Tal y como recuerda el Ministerio Fiscal, la normativa es clara sobre la posibilidad de entrar y registrar un domicilio o una empresa. De esta forma, cuando tiene lugar la entrada y registro por los funcionarios de Hacienda ha de mediar autorización judicial o consentimiento previo. Y en este caso, el consentimiento del afectado debe hacerse en términos “claros y precisos”, tal y como apunta la Fiscalía, para que pueda saber que puede oponerse al mismo, por lo que considera que la casación ha de ser estimada y la sentencia impugnada ha de ser casada, porque expresamente no constaba su derecho a oponerse a la entrada.
Según el Tribunal, la redacción del documento que firma el afectado “no deja margen al error”
El fallo indica que carece de importancia que los afectados sean o no especialistas