GQ (Spain)

GUÍA EXPRÉS DE LAS PENSIONES

- POR JOAQUÍN ORTEGA

Tarde o temprano te enfrentará­s a un debate relacionad­o con las pensiones de jubilación, ya sea en torno a una cena o unos cigarrillo­s o porque en la tele están hablando del asunto. Los interrogan­tes se repiten: en el futuro, ¿habrá pensiones? ¿Estarán peor pagadas? Y, sobre todo, ¿es sostenible el sistema? Para abordar esta discusión, aquí van unas aclaracion­es. En primer lugar, el futuro. La creación de un sistema de retribució­n que nos dé dinero para vivir tras dejar de trabajar es una conquista social fruto del progreso, el mismo progreso que acabó con la esclavitud o que permitió a las mujeres ejercer su derecho al voto. Para que en los años venideros deje de haber pensiones, tendría que aparecer un partido político capaz de quitarle ese derecho a la población, a sus votantes y a ellos mismos. Las posibilida­des de que eso ocurra son cercanas a cero. ¿Las pensiones serán peores en el futuro? Esto entra dentro de lo posible, de forma progresiva, por un doble efecto: si los salarios son peores, la pensión que se recibe es peor. Si el Gobierno no revaloriza las cuantías conforme sube el coste de la vida, lo que reciba el jubilado servirá para comprar menos cosas. Por último, la pregunta clave: ¿Es sostenible el sistema? Aquí se produce una interesada trampa dialéctica que confunde el mecanismo que usa el Gobierno para transferir fondos con la posibilida­d de que el citado mecanismo colapse porque no hay dinero. En realidad, la pregunta hace referencia (o debería) a lo primero.ahora, 20 millones de trabajador­es dan parte de su sueldo a una caja de la Seguridad Social que el Gobierno usa para repartir 120.000 millones mensualmen­te entre ocho millones de beneficiar­ios. Este sistema no es autosufici­ente, por lo que Rajoy echa mano de otro sitio (deuda pública) para pagar la diferencia. Hay distintas maneras de reformar el modelo, pero lo que es evidente es que siempre será insostenib­le porque no es una inversión que dé beneficios o intereses, sino la prestación pública de un derecho –como la educación o la sanidad– que tenemos que pagar con nuestros impuestos sí o sí. Destinamos unos 45.000 millones a formar jóvenes y tener colegios; y unos 70.000 a tener médicos y hospitales. A nadie se le ocurre decir que ambos gastos son insostenib­les porque son pilares de nuestra civilizada democracia occidental. Las pensiones, de hecho, también lo son (y lo serán).

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