UN ANTES Y UN DESPUÉS DE ‘ LA MANADA’
TRAS la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de la condena de nueve años de prisión para los miembros de la Manada, la Fiscalía de la Comunidad Foral ha pedido el ingreso en prisión para los cinco jóvenes sevillanos, algo que probablemente ocurrirá en un muy corto plazo de tiempo, independientemente del recurso que la defensa presentará en el Tribunal Supremo. De esta manera se debería poner fin, por ahora, a la polémica que ha envuelto a este abominable suceso que, desde el primer día, adquirió una gran importancia mediática y se convirtió en el paradigma de la violencia sexual que sufren las mujeres en las calles. Cierto es que han existido casos mucho más graves y con resultados más dramáticos, pero la realidad es que, hoy por hoy, el caso de la Manada ha sido elegido por los colectivos de mujeres como una batalla en la que se dirimen muchas cosas, entre ellas un cambio legislativo que aumente las penas por los delitos sexuales.
Tanto la Audiencia Provincial como el TSJN han estimado que los miembros de la Manada han cometido un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, algo que no ha satisfecho a algunos grupos feministas, que pedían penas más duras. Una vez más, hay que recordar que la sentencia ha sido dictada por jueces competentes. Las decisiones judiciales, como todo en democracia, se pueden criticar, pero también hay que acatarlas y, sobre todo, no se puede poner en duda la honestidad e imparcialidad de unos magistrados que, como no podría ser de otra manera, han dado una respuesta jurídica adaptada a las leyes que tenían en las manos.
Ahora bien, no se puede obviar el malestar social que la sentencia ha producido en amplias capas de la población, especialmente entre las mujeres, que son al fin y al cabo las principales víctimas de la violencia sexual. En este sentido, es el Poder Legislativo, nuestros representantes en las Cortes, el que tiene que tomar buena nota y promover los cambios necesarios para dar una respuesta más contundente al problema. No se trata de legislar en caliente, sino de hacer lo posible para acabar con una de las más lamentables lacras de nuestra sociedad. Una mayor penalización sería una buena herramienta, pero no la única, para bajar las estadísticas. Aparte, claro está, hay que seguir insistiendo en las medidas pedagógicas. De lo que no cabe duda es que el caso de la Manada ha supuesto un antes y un después en la concienciación contra los delitos sexuales.
El Poder Legislativo debe dar una respuesta más contundente a la violencia sexual contra las mujeres, una de las lacras de la sociedad