El Gobierno prepara un colchón para arrendatarios y empleadas de hogar
El Gobierno recupera la idea del ingreso mínimo vital de su programa electoral para atender a los sectores más vulnerables
Los sindicatos piden a la Junta que eleve la renta mínima de inserción
Previsiblemente, el Gobierno aprobará en un próximo Consejo de Ministros medidas para apoyar a algunos de los colectivos más vulnerables de la crisis, entre los que están las empleadas de hogar y los inquilinos con rentas bajas que no pueden beneficiarse de la demora en el pago de las hipotecas.
En el consejo del viernes se aprobará –previsiblemente, aunque aún sin confirmación oficial– una ayuda económica, similar a un subsidio, para aquellas empleadas de hogar que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, se hayan quedado en paro o temporalmente sin empleo, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
No se han dado detalles de esta ayuda, pero parece que la prestación durará un mes y consistiría en un subsidio equivalente al 70% de la base de cotización. Esta ayuda sería gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, como máximo, alcanzaría al SMI, es decir 950 euros.
En España hay aproximadamente unos 400.000 empleados de hogar, la mayoría mujeres y muchas de ellas de nacionalidad extranjera. Dentro de la Seguridad Social están encuadradas en un sistema especial en el que no cotizan por desempleo.
El Gobierno estudia, además, aprobar la susoensión del pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis, incluidos pymes y autónomos que han tenido que cerrar su local por la pandemia.
La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica para los propietarios por parte del Estado de hasta el 100%, dependiendo del número de inmuebles puestos en alquiler.
Esta propuesta, a la que ha tenido acceso Efe, podría sufrir alguna modificación en el transcurso del debate interno en el Ejecutivo. El Gobierno acordaría que los contratos de arrendamiento de inmuebles que finalicen durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente por tres meses y establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no se puedan dar subidas “abusivas” de los alquileres.
Otra solución para apoyar a los colectivos más desfavorecidos es la renta mínima vital. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó ayer que el Gobierno “está comprometido” con la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, sin precisar fecha. “Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en sus detalles se comunicará y se implementará”, señaló.
En Andalucía, los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, han reclamado que la Junta eleve la cuantía de la renta mínima de inserción, una prestación autonómica para las personas en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de estarlo. Actualmente la renta mínima de inserción se sitúa en el 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Actualmente esta cifra se sitúa en 419,5 euros.