Constructores piden a la Diputación que “prescinda de las subastas”
La ACP reclama a la institución que adjudique los contratos mediante un concurso
La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada pidió ayer a la Diputación que adjudique los contratos mediante concurso y “prescinda de las subastas por el deterioro provocado al empleo provincial”.
Es una reivindicación que, según ACP Granada, viene haciendo desde hace seis años y que pasa por que Diputación “modifique los pliegos de las obras” con la finalidad de “mejorar el empleo y valorar los recursos humanos y materiales que las empresas del sector tienen en la provincia”.
La entidad provincial utiliza de “forma recurrente” el sistema de “subasta” de obras, consistente en “puntuar exclusivamente la baja ofertada por las empresas constructoras”, ha lamentado la ACP.
Para los empresarios, esta situación empobrece al tejido productivo de forma importante y genera “un efecto llamada que va en contra de la calidad de la ejecución, de la viabilidad de la empresa y con unas consecuencias negativas en el empleo”.
Cuando las obras son adjudicadas en condiciones de bajas por encima del 20%, las dificultades en la ejecución se convierten en “imposibilidad de terminación de las mismas; con la consiguiente pérdida de recursos y oportunidades”.
Así, ACP Granada propone que las licitaciones se lleven a cabo mediante concurso, un proceso en el que además de valorarse el precio que se oferta se valoren otros factores, como la capacidad técnica de la empresa, la programación y organización de la obra, los recursos humanos para cada obra puestos a disposición, o los medios materiales con los que la empresa cuenta.
“Una entidad como Diputación de Granada que, ante las especiales circunstancias de Covid-19, ha sido capaz de poner en marcha un plan de choque para colaborar con el mantenimiento del empleo en la provincia, no puede continuar despreciando al sector al convertir el precio en el único modo de valorar a las empresas; sin tener en cuenta la profesionalidad, la capacidad, ni los recursos humanos y materiales que las empresas aportan al territorio”, concluyen.