Prisión para uno de los cuatro arrestados por los altercados en la protesta por Hasel
● El equipo de gobierno promueve una declaración institucional y reclama una mayor contundencia a la Subdelegación
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada solicitará al próximo Pleno ordinario que todos los grupos municipales suscriban una declaración institucional mostrando “su más enérgica condena” y repulsa por los actos vandálicos ocurridos el pasado miércoles 17 de febrero en la ciudad como consecuencia de la manifestación “no autorizada” en contra de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, que acabó con una serie de altercados y la quema de 25 contenedores en la capital además de destrozos de otro mobiliario urbano. Un balance de daño que costará 30.000 euros a las arcas municipales según las primeras estimaciones.
Es por ello que los portavoces del equipo de gobierno Manuel Olivares, concejal de Empleo, Emprendimiento Turismo y Comercio, y César Díaz, concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, anunciaron ayer en el transcurso de una comparecencia de prensa que llevarán el tema de la manifestación por Pablo Hasel a la próxima sesión plenaria. Han emitido una propuesta en la que se insta, a su vez, a la Subdelegación del Gobierno en Granada a que “condene públicamente los hechos” y a que “depure las responsabilidades correspondientes en este sentido”.
César Díaz indicó que para el equipo de gobierno “es inadmisible” que una manifestación no autorizada, que además “provocó daños y ocasionó destrozos, por un elevado coste a las arcas públicas, “generase temor y miedo entre la ciudadanía, alterando la normal convivencia en la ciudad”. De este modo, tras recordar que los actos vandálicos ocasionaron múltiples destrozos en el mobiliario urbano, como la quema de 25 contenedores y desplazamientos de depósitos de papel, vidrio o envases, así como roturas de cristales y señales de tráfico, el texto presentado considera “fundamental”, ante este tipo de situaciones, la “unión y la coordinación institucional”.
De ahí que muestra el apoyo del Ayuntamiento de Granada a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para que “acabe con este tipo de prácticas inadmisibles e intolerables que vulneran el respeto a la ley y a los derechos de los demás que son fundamento del orden político y de la paz social, tal y como se encuentra recogido en el artículo 10 de nuestra Constitución”.
En este sentido, el concejal Manuel Olivares también consideró los actos vandálicos ocurridos el pasado 17 de febrero como “uno de los mayores asaltados sufridos por la democracia”, en el que la ciudad “sufrió incalculables daños, destrozándose la normal convivencia de la ciudadanía, por lo que ha señalado que “no vamos a permitir, como constitucionalistas que somos, que se vulnere la ley”.