Los empresarios de Granada lideran una reclamación de 32 millones al Gobierno
El sector turístico considera que las pérdidas se deben a un sacrificio especial durante el confinamiento Preparan otra petición a la Junta por el segundo estado de alarma
Un total 520 empresas y autónomos de Granada, Málaga y Jaén se han adherido al proceso de reclamación al Gobierno central de 31,8 millones de euros correspondientes a parte de lo que dejaron de ganar a raíz del primer estado de alarma, declarado el 14 de marzo hasta el 18 de junio de 2020. El 63% de estas empresas son granadinas.
A petición de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, HispaColex, uno de los despachos más importantes de España, comenzó en enero un estudio sobre la posibilidad de reclamar los daños ocasionados a las empresas del sector durante el primer estado de alarma. Su conclusión es que deben ser indemnizados por el Gobierno aquellos daños y perjuicios ocasionados a las empresas del sector, que se consideran “un instrumento para la consecución del interés general” por lo que habrían realizado “un sacrificio especial”.
Han sido atendidas 5.000 solicitudes de información a empresas del sector
El fundador y director del bufete granadino, Javier López y García de la Serrana, explicó que la reclamación se apoya en el Artículo 3.2 de la LO 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio en el que se recoge que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
El secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Antonio García expresó “todo el respeto y consideración por la situación pandémica, pero se han generado muchas perdidas” y especificó que “el Gobierno no ha tenido la culpa de la pandemia, pero la hostelería tampoco. Si usted nos quita una cosa, tiene que restituirla, nosotros apelamos al código napoleónico”.
En esta línea, García de la Serrana matizó que la reclamación
no se debe a un mal funcionamiento de la administración, sino a la compensación por “lo que las empresas han dejado de ganar como consecuencia de haberse visto obligadas a cerrar los negocios, además de los pagos de alquiler, teléfono, luz y todos los servicios que no se pudieron dar de baja durante el estado de alarma” y añade que “en realidad, las pérdidas ascienden a una cifra más alta, hasta un 30% más, pero se han descontado ayudas como los ERTE y los daños inevitables causados por la pandemia”.
Además, Antonio García adelantó una segunda ola de reclamaciones para demandar las pérdidas por lucro cesante correspondiente al segundo estado de alarma, esta vez, al Gobierno de la Junta de Andalucía como responsable de las medidas aplicadas durante este periodo.