Vilaplana procesa a Martín Soler por los préstamos a Santana Motor
● El instructor, que también encausa a otros cinco investigados por los 36 millones, recuerda que la Intervención de la Junta apreció un “menoscabo de los fondos públicos” en la concesión de la ayuda
Una nueva pieza de los ERE cuya instrucción finaliza y lo hace con cinco acusados. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que ha procesado al ex consejero de Innovación de la Junta Martín Soler y A otras cinco personas investigadas en la causa donde se analizan los préstamos por valor de 36.105.044 euros concedidos a la empresa Santana Motor al amparo del convenio específico de colaboración suscrito entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA el día 15 de diciembre de 2009 para la creación de capacidades de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno: el convenio Massif.
En un auto dictado el día 22 de noviembre y notificado ayer a las partes, el magistrado toma esta decisión por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
Los seis investigados en esta causa son el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler; dos ex directores generales de la agencia IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde, y tres representantes de Santana Motor. El instructor explica en el auto que esta causa tiene por objeto “la presunta ilicitud de la formalización y publicación –de forma mendaz– del denominado convenio Massif” y “la posible administración irregular de los fondos destinados a su financiación, ejecución y cumplimiento”, precisando que, en el marco de este convenio, la agencia IDEA, mediante acuerdos del Consejo Rector ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta el 15 de diciembre de 2009, aprobó la concesión de un “préstamo reembolsable” a Santana Motor por 25.735.044 euros y 10.370.000 euros (en total, 36.105.044 euros), respectivamente.
En este sentido, la Intervención General de la Junta expuso en informe de actuación de la agencia IDEA que el convenio finalmente suscrito el 17 de diciembre de 2010, y que firmaron el ex consejero y uno de los ex directores generales de IDEA investigados, “contiene un nuevo texto sustituido e incorporado, distinto del realmente aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2009”, de forma que el contenido del convenio y su naturaleza jurídica fueron alterados
“sustancialmente”, y “lo que la agencia IDEA recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido”.
Según expone el juez, el informe de actuación emitido por la Intervención
de la Junta concluyó: “...Nos encontramos ante un nuevo convenio firmado entre la Consejería y la agencia IDEA”, de modo que la actuación administrativa concurrente “se habría llevado a cabo con omisión patente de los procedimientos y principios legalmente aplicables”, un “incumplimiento” que supone que el préstamo que como tal había sido autorizado por el Consejo de Gobierno “habría pasado a ser una entrega de fondos sin contraprestación alguna en favor de Santana Motor”, produciéndose así “un menoscabo de estos fondos públicos, que habrían sido entregados a Santana sin autorización del Consejo de Gobierno y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación de insolvencia y crisis financiera en que se encontraba dicha entidad desde hacía años”.
El magistrado analiza el préstamo concedido por IDEA a Santana al amparo del “mendaz” texto del convenio de 17 de diciembre de 2009, y concluye que “resultaría factible deducir que los responsables de la Agencia IDEA y de la Consejería de Innovación investigados habrían transferido irregularmente los fondos objeto del préstamo derivado del convenio Massif en favor del Grupo Santana Motor, con la natural complicidad y concurrencia de sus directivos y representantes investigados, a sabiendas de la falta de viabilidad del proyecto y de la falta de capacidad económica de dicha empresa para su reintegro, de manera injusta y arbitraria, sin intención alguna de mejora del producto y con la única finalidad de cubrir gastos”. Indica que “no es posible verificar que los fondos transferidos o aportados a Santana Motor se emplearan en el proyecto Massif” y asevera que “existen indicios de que el capital se aplicaron a finalidades diferentes”.
Para finalizar, Vilaplana asevera que “la ilicitud de la irregular e injustificada administración y disposición de fondos públicos en favor del grupo Santana Motor no podría entenderse carente de relevancia penal por el mero hecho de que dicho grupo empresarial estuviera participado por la propia Junta a través de la agencia IDEA”.
En julio, el juez archivó la causa contra el marido de la actual directora general de la Guardia Civil y hermano del ex presidente de Santana Motor por la causa por las ayudas recibidas por la empresa. Asimismo, abrió varias piezas nuevas. Según Vilaplana “resulta factible deducir la posible ilicitud de otros instrumentos de financiación” del Grupo.
El juez archivó la causa contra el marido de la actual directora general de la Guardia Civil