Vilaplana procesa a Rivas y a Lanzas por las ayudas de 3,2 millones a Morell
● El juez de refuerzo dirige la causa contra un total de diez acusados y considera que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de “serios indicios racionales de criminalidad”
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acabado la instrucción de otra de las piezas del caso de los ERE y lo ha hecho en un auto en el que procesa al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al que fuera conseguidor de las ayudas Juan Lanzas Fernández, así como a otros ocho investigados, en relación con las subvenciones de 3,2 millones que fueron “graciosamente concedidas por la Junta de Andalucía” a la empresa Aglomerados Morell.
En el auto, el juez considera que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de “serios indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, atribuir a los diez investigados delitos
Los contactos para financiar la actividad de Aglomerados Morell se iniciaron en el año 2006
de prevaricación, malversación y falsedad documental.
El objeto de las presentes actuaciones consiste en la “presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2008 al 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en favor de la mercantil Aglomerados Morell S.A”, dice el juez Vilaplana, que señala que “el importe de estas supuestas subvenciones graciosamente concedidas por la Junta de Andalucía, ascienden, al menos, a la suma de 3.288.522,66 euros, habiendo tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como el pago de nóminas pendientes y el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores (no afectados por ERE alguno) de Aglomerados Morell, mediante la financiación de un seguro de rentas”.
Dice el juez que la empresa, ubicada en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, tenía por objeto social la fabricación de productos de corcho y como administradores mancomunados de la sociedad al momento de concesión de las ayudas figuraban los investigados Jorge Andrés M. V. y su hijo Luis M. M., “quienes habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración
concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas del procedimiento legalmente establecido”.
Esto fue así, prosigue Vilaplana, pese a que la Junta de Andalucía habría de disponer de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, reglamento por el que se regulaban los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas Públicas por la Administración de la Junta y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones; normativa que fue “deliberadamente soslayada con el natural concurso de los aquí investigados”.
Además, la empresa se encontraba en el año 2006 en “quiebra técnica”, según se desprende de la “memoria justificativa de la finalidad pública e interés social de la ayuda concedida”, realizada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ya que sus fondos propios eran negativos y su deuda total era superior al activo. “No obstante lo anterior, en el ejercicio 2007 su cuenta de pérdidas y ganancias arrojó un beneficio de 2.314.319,39 euros, por lo que a través de una ampliación de capital recupera su estabilidad cubriendo los resultados negativos de años anteriores. En el año 2008, los resultados siguen siendo buenos; sin embargo y pese a tener solvencia y garantía frente a terceros, no cuenta con liquidez para afrontar los pagos a corto plazo, adeudando determinadas retribuciones salariales y manteniendo deudas con proveedores y entidades bancarias”.
Sobre la presunta participación en los hechos de Antonio Rivas, el juez señala que en el marco de las distintas piezas de la causa matriz del caso de los ERE “se habrían constatado indicios solventes de que en su calidad de delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Empleo, habría de ser perfecto conocedor del ilícito sistema de concesión de ayudas excepcionales y sociolaborales que, en orden a financiar irregularmente –con total ausencia de fiscalizaciones y controles– procesos de reestructuración de plantilla de sociedades y empresas (ERE), estaría siendo ejecutado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo”.
En particular, añade, “habría de conocer dicha ausencia de controles pues”, consta en otra de las piezas que Rivas habría remitido a Jesús María Bordallo, de la mediadora Vitalia.