Noticias del sector financiero
● El nuevo impuesto a los bancos no está justificado porque sus niveles de rentabilidad son inferiores a los de otros sectores y su capacidad para conceder crédito queda mermada
Catedrático de la Universidad de Valencia
EN las últimas semanas el sector financiero ha ocupado muchos titulares en nuestro país. A diferencia de hace catorce años, cuando los bancos de medio mundo sintieron el impacto de la caída de Lehman Brothers y la estabilidad financiera global estuvo a punto de colapsar, en esta ocasión –a pesar de los riesgos al alza en el convulso entorno actual–, han ocupado el foco por las consecuencias regulatorias del nuevo marco monetario y de tipos de interés. Es una situación muy distinta comparada con la de 2008. En este momento, las entidades financieras no son los creadores de dificultades, sino que con su reforzada solvencia y favorable situación de saneamiento aportan resiliencia a la economía ante tanta incertidumbre. Es muy importante esta solidez, para que puedan ser un eje fundamental de la transmisión de las decisiones actuales de política monetaria sin amplificar, por vicisitudes propias, las nuevas restricciones monetarias y financieras que se aplican para aminorar la inflación.
Tras una década con unos tipos de interés ultrarreducidos o negativos –en cierto modo, “desnaturalizados”–, la vuelta a tasas positivas –aunque aún bajas, en torno al 3%, desde la perspectiva histórica– han generado una serie de repercusiones para la banca española, sobre las que merece la pena reflexionar. En primer lugar, se ha empezado a creer por una parte de la sociedad que las entidades bancarias están teniendo beneficios extraordinarios. Con ese argumento y el de la necesidad de que el sector “arrime el hombro” en el actual contexto, se ha aprobado recientemente un nuevo impuesto a la banca. Opino que no está justificado. En la situación actual –aunque se hayan anunciado en lo que va de año unas ganancias mayores que en los dos años anteriores– los niveles de rentabilidad del sector siguen siendo inferiores a los de empresas en otras ramas de actividad, tal y como refleja el bajo valor de mercado de los bancos españoles y europeos. Asimismo, las consecuencias negativas de un gravamen así sobre la dotación de reservas –a partir de los beneficios–, fuente de solvencia de los bancos, genera más dificultades que soluciones. Algo que señaló el Banco Central Europeo en su dictamen sobre el impuesto. Con una solvencia con restricciones para crecer, la capacidad de asumir riesgos y conceder nuevo crédito es menor. Además, no se puede obviar el encarecimiento que la nueva tasa supone para los préstamos.
La creciente preocupación por el impacto de las subidas de los tipos de interés –en concreto, del Euribor– en las hipotecas a tipo variable ha dado lugar a un acuerdo entre el Gobierno y las patronales bancarias para aliviar el crecimiento de las cuotas mensuales en las familias más vulnerables. Con tres grandes ejes de actuación: mejorar el tratamiento de las familias vulnerables, crear un nuevo marco operativo para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad y establecer medidas generales aplicables a todas las hipotecas. Con el primero de los ejes, se refuerza el ya existente Código de Buenas Prácticas para economías domésticas vulnerables –aquellas con ingresos inferiores a los 25.200 euros anuales– con un incremento del esfuerzo del 50%, a las que se reduce el tipo de interés aplicable durante los cinco años de carencia en el pago del principal de la hipoteca. Por otro lado, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se amplía hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual. La protección también se extiende a las familias de hasta 29.400 euros anuales de ingresos, que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad y que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta, y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%, a las que se les puede congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años. Por último, se incluyen otras medidas dirigidas a reducir aún más todos los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo y a eliminar las comisiones por amortización anticipada y por conversión durante 2023.
Al acuerdo ya se ha adherido una parte significativa de las principales entidades financieras. Lógicamente, la existencia de determinados flecos sobre los efectos regulatorios del acuerdo ha generado incertidumbre, en concreto en el tratamiento en materia de dotaciones de provisiones o en el ámbito de vigilancia especial de esos préstamos que se extienden en el tiempo o se refinancian. Por otro lado, es importante que este tipo de tratamiento –por el riesgo regulatorio que pueda suponer– no genere externalidades negativas en el futuro para familias en situación similar que pidan una hipoteca. Si los préstamos de ese perfil se convierten en un problema para el sector bancario, podría haber menos incentivos a concederlos. No se puede olvidar que el sistema hipotecario español ha permitido la vivienda en propiedad a todas las capas sociales. Sería bueno que esa virtud no se viera afectada. Por último, hay una lección importante en materia de educación financiera cara al futuro: cuando se va a contratar una hipoteca a tipo variable, se debe conocer bien –probablemente mucho mejor que en esta ocasión– que hay un riesgo de que los tipos suban y la hipoteca se encarezca. El marco monetario con precios negativos del dinero quizás generó un exceso de confianza sobre parte de los deudores hipotecarios que tomaban prestado a tipo variable. Con respecto a la anterior crisis financiera, se ha avanzado notablemente pero quedan muchas cosas que mejorar en el ámbito financiero.
Ahora las entidades no son creadoras de dificultades sino que aportan resiliencia
Es necesaria una mayor educación financiera sobre lo que es una hipoteca variable