Que la Justicia actúe contra Sánchez
El presidente del Gobierno, antes de acceder a su actual cargo, prometió a sus electores no gobernar con Podemos y jamás pactar con Bildu. Nombrado presidente, traicionó a sus electores obviando sus promesas, o sea, gobernando con los anarquistas y comunistas de Unidas Podemos y teniendo como colaboradores prioritarios a los bilduetarras. Nombró a su ministra de Justicia, reprobada en sede parlamentaria tres veces, fiscal general del Estado. Posteriormente, logró que su ministro de Justicia redactase y formalizase los indultos a los golpistas catalanes y elaborase una ley orgánica que modifica la del Poder Judicial en el sentido de suprimir sus cometidos mientras estuviese en funciones, para posteriormente cesarlo, incorporándose como magistrado de la Audiencia Nacional. Volvió a modificar esa ley orgánica para permitir que dicho Poder Judicial nombrase únicamente los dos candidatos para el Constitucional. A fecha de hoy nombra a los dos vocales del citado Tribunal, siendo éstos el que redactó y formalizó los indultos y la que formó parte de su Ministerio de Presidencia. Esta forma de actuar de nuestro egocéntrico traidor es propia de un dictador al que no deja de aplaudir su cómplice bancada. Hay que actuar contra él mediante lo que queda de nuestro débil Estado de Derecho. El presidente del Gobierno ha fulminado una sentencia de la más alta magistratura del Estado como es el Tribunal Supremo, al indultar a los golpistas catalanes, al eliminar el delito de sedición y muy probablemente a modificar el delito de malversación de fondos públicos, delitos que junto con el de prevaricación están tipificados en la citada sentencia. España está en manos de un personaje que se ha cargado el Estado de Derecho. Aquellos fiscales y magistrados que están callados deberían de actuar contra este traidor que rompe España, fulminando al Poder Judicial y secuestrando al Legislativo. Al menos la Asociación de Fiscales el 18 de noviembre de 2022 ha emitido un contundente informe sobre la derogación del delito de sedición en el que entre otras cosas dice: Una reforma del delito de sedición de la trascendencia y calado como la que se pretende, debiera tramitarse con el necesario sosiego, recabando los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. No es en ningún caso admisible una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas. Con ello se desconoce un principio básico del Derecho,que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad. Es por ello necesario que la justicia actúe sobre la promesa personal del presidente investigando su forma de actuar y proceda en consecuencia. José Luis Bustabad Amado