Apuntan a la alcaldesa marbellí con la propuesta de un nuevo delito
PSOE y Unidas Podemos proponen un tipo penal que castigue el enriquecerse sin justificar
El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman parte del Gobierno, también han presentado una enmienda a la supresión del delito de sedición en el que proponen un nuevo tipo penal, pensado, según varios de sus portavoces, en la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. Ad hoc en su mayor expresión. Se trata de penar, con hasta tres años, los enriquecimientos sin justificar de los cargos públicos.
La regidora marbellí, que también es senadora, no está imputada en una investigación que lleva la Audiencia Nacional contra una red de narcotráfico de ciudadanos suecos en la Costa del Sol, cuyo cabecilla sería su hijastro, según el juez Manuel García Castellón. Su marido, Lars Gunnar Sune Borberg, está imputado por blanqueo de capitales para el narco. Sin embargo, Ángeles Muñoz ha informado al Senado de un aumento patrimonial por una donación reciente. Su patrimonio total asciende a 12 millones de euros. A esto es lo que el PSOE y Unidas Podemos quieren apuntar.
Los cambios penales que se discuten en el Congreso derivan de una proposición de ley que elimina el delito de sedición. A ello se han presentado dos enmiendas, una de ERC para aliviar la malversación con penas menores y la otra, la del PSOE con el nuevo tipo.
La enmienda de ERC supondrá un beneficio penal para aquellos condenados o procesados por el delito de malversación, ya que rebaja los años de cárcel para aquellos que no se hayan enriquecido. De ello se benefician casi todos los participantes en el procés, pero también muchos condenados por corrupción. Ante ello, y para intentar defender que el PSOE está en contra de la corrupción, los socios de Gobierno proponen un nuevo tipo que castigue hasta con tres años de cárcel a a aquellos cargos públicos que no puedan demostrar un aumento de patrimonio de 250.000 euros.
Pablo Echenique, de Podemos, declaró ayer que este delito servirá para la alcaldesa de Marbella. Y en los mismos términos se expresó el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una entrevista en Canal Sur TV. Celis adelantó en el canal autonómico que este delito “no existe, como es el de enriquecimiento ilícito para que no sucedan cosas como lo de la alcaldesa de Marbella”, que, “sin saber cómo tiene más de diez millones de euros de patrimonio personal y con un sueldo de alcaldesa no se llega a ese nivel de ingresos”.
Ángeles Muñoz actualizó, recientemente, su declaración de patrimonio ante el Senado.
La alcaldesa de Marbella y senadora del PP reconoció en su última actualización de la declaración de bienes presentada en la Cámara Alta que experimentó un incremento patrimonial por la vía de la donación, aunque no especifica de quién la ha percibido, una tramitación que ha realizado en plena tormenta por el caso de su marido.
La Audiencia Nacional lo investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales, en una supuesta trama de narcos de origen sueco, aunque el juez García Castellón ha paralizado por el momento las indagaciones contra él por su estado de salud. En la organización internacional contra la que se dirigen las pesquisas estaría también un hijastro de la regidora, Joakim Peter Broberg, considerado uno de los cabecillas de la red, según el auto de procesamiento.
ERC solicita la inclusión de un nuevo artículo en el Código Penal, el 432 bis, que contemple penas de entre seis meses y tres años para la autoridad o funcionario público que destine fondos públicos que estaban puestos a su cargo para usos “particulares y ajenos a la función pública”, pero en los que no concurra un ánimo de apropiárselo, y junto a esta pena de cárcel establece otras de inhabilitación a ejercer cargo público entre uno y cuatro años.
de malversación la autoridad o funcionario público podía ser condenado a una pena de “multa de seis a doce meses” y la “suspensión de empleo o cargo público pro tiempo de seis meses a tres años”. La redacción del artículo establecía incluso una exención de la pena si se devolvía el dinero en los diez días siguientes al del inicio del proceso. “Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior”, recogía dicho precepto.