20014: El año en el que nos subimos en la LAC y en el que 20.000 jóvenes se fueron de botellón
● Muere en Madrid Manuel Jiménez de Parga y Luis Oruezábal ‘Chikito’ fallece en su casa al inhalar monóxido de carbono de una estufa ● El juez encarcela a tres sacerdotes acusados de haber cometido presuntos abusos a menores
EN 2014 el Ayuntamiento se metió en un charco al intentar remodelar todas las líneas del transporte urbano. La Gran Vía y la calle Reyes Católicos se habían convertido en un cuello de botella por el que pasaban diez líneas de autobuses a una media de un autobús por minuto. Como la promesa electoral de que un tranvía iba a pasar por el centro se había quedado en eso, en promesa, los representantes municipales empezaron a viajar por otras ciudades europeas y españolas de corte histórico como la nuestra para ver cómo era su sistema de transporte público. Al final se adoptó poner en marcha la LAC, acrónimo de Línea de Alta Velocidad. La idea era que pasara por el centro más congestionado una sola línea de autobuses para evitar los problemas de tráfico que se autogeneraban los propios autobuses, eliminar la fragmentación de pasajeros de distintas líneas o la duplicidad de trayectos. Los viajeros de los barrios irían a parar a dos intercambiadores desde donde podían coger esa sola línea que iba a pasar por el centro. Toda una revolución en el transporte urbano. Nunca se había hecho nada igual. Los encargados de la propuesta sabían que le iban a llover hostias por todas partes. Fue la concejala de Movilidad Telesfora Ruiz la encargada de poner en marcha el proyecto y la entrenada para, cuán saco de boxeo, recibir todos los golpes que atizaran la oposición y la ciudadanía. Por lo pronto el desembolso municipal iba a ser muy importante. Inmenso. En mayo de 2014 comenzaron los trabajos de construcción de las nuevas paradas y los intercambiadores correspondientes. Se adquirieron 15 unidades de unos autobuses (marca Mercedes Benz) azules de veinte metros de longitud y con una capacidad para doscientos viajeros. Aunque en un principio se planteó utilizar vehículos eléctricos para dar servicio a la línea, el alto coste que suponía en un vehículo de tales características llevó a que el Ayuntamiento optase por autobuses de bajas emisiones.
La LAC entró en funcionamiento el 29 de junio. El Ayuntamiento presupuestó casi 24 millones de euros anuales para el nuevo sistema de transporte urbano. Durante las primeras semanas el servicio fue gratuito para favorecer la adaptación de los ciudadanos al nuevo modelo que, por primera vez en treinta años, unificaba los cientos de autobuses del centro urbano en una sola línea. Los que estaban a favor veían como buena la medida de que no pasaran todos los autobuses por el centro, además de la mejora de la calidad del aire. Los que estaban en contra no podían asumir el vademécum de nombres de las líneas y el que se tuviera que hacer hasta tres trasbordos para llegar a un determinado sitio. Y para los mayores resultaba un auténtico lío aprenderse tanta nomenclatura. Para la oposición la LAC era un pozo sin fondo que estaba arruinando la ciudad, tenía sobrecostes y, además, no resolvía los verdaderos problemas del transporte urbano. La LAC duraría cuatro años. En 2018, durante el mandato del socialista Paco Cuenca, fue desmantelado el sistema. Los LAC fueron convertidos en autobuses de la línea cuatro y los demás recuperaron las antiguas numeraciones. Fin del trayecto.
EL CASO ROMANONES
En noviembre de 2014 saltó desde Granada una noticia que tuvo una enorme repercusión nacional. Tres sacerdotes y un seglar, profesor de Religión, fueron detenidos por orden del juez que investigaba los supuestos abusos sexuales a un menor. Los detenidos pertenecían al clan conocidos como Los Romanones. La supuesta víctima de los abusos, un joven de 24 años, escribió una carta al Papa denunciando haber sido víctima de abusos sexuales y violación, por parte del jefe del ‘clan’, el padre Román Martínez, de 61 años. En su carta también habla de tocamientos a él y a otros monaguillos por parte de tres sacerdotes y de un profesor de Religión, que actuaba de encubridor. El papa Francisco le respondió diciendo que denunciara los hechos ante la justicia y ante el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández. Le pidió perdón al joven denunciante, un supernumerario del Opus Dei, en nombre de la Iglesia y posteriormente le llamó por teléfono.
Las detenciones de los que podrían ser los principales implicados en este caso de supuestos abusos a menores en la Iglesia se produjeron un día después de que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se postrara ante el altar mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” ante los fieles en la eucaristía. La investigación alcanzó, además, a otros diez sacerdotes y dos laicos.
Tres años después de ser detenidos, en 2017, un tribunal consideró prescritos los presuntos delitos para todos los investigados excepto para Román Martínez. Se celebró un juicio en el que se enfrentaba a nueve años de cárcel de petición fiscal. El último día, no obstante, el ministerio público retiró la acusación y el sacerdote fue declarado inocente. El denunciante fue obligado a pagar las costas.
Tras el fallo judicial, el Papa pidió perdón a los tres curas y los recibió en audiencia. Igualmente, el arzobispo de Granada entonó su perdón públicamente en un acto el en el que se tendió al suelo en la catedral en señal de penitencia. La imagen del arzobispo con todos los oficiantes de la misa tendidos bocabajo fue de traca y al día siguiente ocupó, a cinco columnas, la primera página de los periódicos.