Alhendín alega la ilegalidad urbanística para el bloqueo QUEJAS DE LOS VECINOS
● Aprobada una moción con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE
El Ayuntamiento de Alhendín lo dejó claro ayer en un pleno extraordinario tras la polémica por la construcción de un campamento de acogida de migrantes en suelo cedido por Defensa al Ministerio de Inclusión frente a la Base Aérea, en la conocida como Colonia Dávila. El Pleno aprobó, con el apoyo del PP y Vox y la abstención del PSOE, paralizar cualquier intervención que se promueva en los terrenos del término municipal incluidos en la Base Aérea, donde la empresa Tragsa ha llegado a notificar al municipio el inicio inminente de las obras para un centro de acogida a inmigrantes llegados a las costas españolas.
Según informó el Ayuntamiento de Alhendín, hace dos días se recibió la notificación a través del registro municipal por parte de la empresa Tragsa de iniciar las obras en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento 1.200 en atención a las personas migrantes. Y el pleno ha manifestado su disconformidad respecto a los actos que pretende promover la Administración del Estado y a los que refiere la comunicación de comienzo de obra de emergencia presentada por Tragsa, al resultar estos actos “disconformes” con la ordenación urbanística en vigor conforme a lo informado por el Arquitecto Técnico Municipal.
En este documento se precisa que los terrenos en los que se pretende actuar “son de naturaleza rústica, no contando con instrumento de ordenación urbanística que posibilite obra, dotación o implantación alguna”. Además, se entiende que la comunicación recibida “no se ajusta al procedimiento establecido” al no haberse remitido al Consistorio el proyecto de los actos que promueve la Administración del Estado, según se recoge en la propuesta de acuerdo aprobada por el pleno.
Del mismo modo, se ha acordado la suspensión de cualquier acto promovido por la Administración del Estado en esta parcela respecto al “comienzo de obra de emergencia” y se faculta al alcalde, Francisco Rodríguez, para el ejercicio de las acciones judiciales administrativas y/o penales pertinentes en defensa de los intereses del Ayuntamiento.
Este acuerdo plenario será remitido a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento a los efectos que se ratifique y convalide y se notificará a la empresa Tragsa y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como promotor del proyecto.
El alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez, recordó que la intervención que se pretende ejecutar es un “atropello” a las normas urbanísticas y que se tiene que parar “de forma legal”. “Cualquier vecino a la hora de hacer una obra tiene que aportar un proyecto, solicitar una licencia y pagar unas tasas y, si además es en suelo rústico, debe presentar un plan especial o un proyecto de actuación, que debe tutelar la Junta de Andalucía y aprobar el pleno municipal. Pues todo esto se lo ha saltado el Gobierno de Pedro Sánchez a la torera, además en un tono desleal”, afirmó el alcalde.
Rodríguez incidió en que el Gobierno local cuenta con el apoyo de “todos los vecinos”, no solo por el hecho de “vulnerar la normativa urbanística”, sino porque lo que pretende hacer el Gobierno de España “no es el sitio idóneo” para desarrollarlo. El alcalde recordó a los vecinos que tienen a su Ayuntamiento “de la mano” y que harán lo “imposible” para paralizar este proyecto al no encontrarse en suelo permitido para ello, recordando que la obra planteada “sobredimensiona” el término municipal de Alhendín y que no está dispuesto “a aceptar de ninguna manera”.
Rodríguez lamentó la falta de lealtad por parte Gobierno de España y del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla; para trasladar este proyecto del que tuvo conocimiento oficial hace solo dos días para ejecutar “obra de emergencia”.
El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, visitó los terrenos desde donde anunció el registro de una Proposición No de Ley (PNL) “para paralizar la construcción de ese campamento” y que el Gobierno de Sánchez pretende levantar “sin importarle lo que dice la ley, lo que requiere el orden, olvidándose que hay fronteras y olvidándose de lo que demandan sus vecinos”.