El Gobierno sopesa ahora desclasificar las autorizaciones al CNI para calmar a Esquerra
● Sánchez busca una salida a la crisis del espionaje convencido de que Aragonès tampoco quiere romper la legislatura
MADRID. «El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo muy rápido. La semana que viene van a pasar cosas...», decían con una extraña tranquilidad hace apenas ocho días en el Palacio de la Moncloa. Esquerra acababa de consumar su amenaza de votar en contra del decreto anticrisis, que salió adelante gracias al apoyo a regañadientes de Bildu. El mensaje que pretendían transmitir los principales colaboradores de Pedro Sánchez era claro: el Ejecutivo había tomado ya las riendas de la crisis abierta el 18 de abril a raíz de la información publicada por el semanario ‘The New Yorker’ sobre el espionaje a más de sesenta independentistas con el potente software Pegasus y se disponía a asegurar la gobernabilidad con sus aliados secesionistas. Todo salió mal.
Sánchez, que durante tres semanas ha tratado de salvaguardarse de la tormenta delegando en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la gestión del asunto, acabó claudicando el viernes a la petición del presidente de la Generalitat de celebrar un encuentro al más alto nivel, aún sin fecha, para tratar un asunto delicado en el que los socialistas solo han encontrado la complicidad de la oposición. Fueron PP, Cs y Vox los que el martes ayudaron al PSOE a impedir que se cree una comisión de investigación en el Congreso, frente al resto de partidos, incluido Unidas Podemos.
La disposición a abordar el tema de tú a tú con Pere Aragonès llega, sin embargo, con los ánimos muy enconados. El Ejecutivo siempre ha dado por sentado que, pese al ruido y los aspavientos, Esquerra no tiene ninguna intención de hacer saltar por los aires la legislatura porque sabe que la consecuencia serán unas elecciones que traerán consigo un Gobierno del PP apoyado en Vox. Y de momento, el tiempo le ha dado la razón, pero los republicanos advierten que, al margen de sus deseos, Sánchez debe ser consciente de cómo está viviendo la ciudadanía en Cataluña este asunto y de que, cada día que pasa, la salida del atolladero se hace más difícil.
Agravar la situación
Hasta ahora, lejos de calmar las aguas, todos y cada uno de los pasos dados por el Gobierno han agravado aún más su situación. Si, como dan por hecho en la oposición, el lunes intentó diluir el problema desvelando, en una rueda de prensa sorpresa, que también el teléfono de Sánchez y el de la ministra de Defensa habían sufrido ataques con Pegasus en 2021, se equivocó de medio a medio. El anuncio solo sirvió para reconocer una importante brecha de seguridad, algo que ningún otro país ha hecho jamás; para provocar el malestar del CNI; para sumar a las tensiones entre el PSOE y Podemos un enfrentamiento entre Presidencia y Defensa a cuenta de quién debe asumir como propio el fallo de que esas intromisiones no se detectaran a tiempo; para que todas las miradas se dirigieran como autor del espionaje a Marruecos, ante el que Sánchez acababa de hacer unilateralmente una cesión histórica; para que los independentistas se sintieran reafirmados en que deben rodar cabezas y para que el PP aliente la especie de que las elecciones están al caer.
Tampoco el resto de la estrategia fue mejor. El Gobierno había alentado la idea de que las comparecencias en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el miércoles, y, sobre todo, de la directora del CNI, Paz Esteban, ante la comisión de secretos oficiales, el jueves, resultarían definitivas para que sus socios, que llevan semanas amenazando con dinamitar la legislatura, empezaran a replegar velas. Tanto es así que forzó un cambio en el sistema de nombramientos para dar cabida en ese órgano a los secesionistas sorteando el ve
to del PP. Pero ocurrió más bien lo contrario.
Lo que se pretendía acreditar era que el CNI trabaja con un escrupuloso respeto al Estado de derecho y que jamás ha llevado a cabo espionajes masivos con motivación política sino operaciones selectivas, autorizadas por un juez, para proteger a los ciudadanos. En concreto, la jefa de los espías dio a conocer 18 pinchazos telefónicos, supuestamente vinculados con la plataforma Tsunami Democrátic, que en 2019 organizó sonados altercados en protesta por la sentencia del 1-O, como el corte de la AP-7 o el intento de tomar el aeropuerto de El Prat. El hecho de que uno de ellos fuera a Aragonès, en su etapa de vicepresidente, complicó, sin embargo, el discurso del Ejecutivo ante sus aliados.
Pedro Sánchez y Pere Aragonès necesitan pactar un final al embrollo. «Pero el Gobierno –avisan en Esquerra– no puede pretender salir de esta sin rasguños». El presidente de la Generalitat exige que se asuman responsabilidades políticas de manera inmediata y que se desclasifiquen los documentos que la jefa del CNI dejó visionar el jueves a puerta cerrada, en concreto, las autorizaciones judiciales para acceder a su teléfono y de las que el Ejecutivo alega que no sabía nada. Fuentes del Gobierno admiten que no descartan tomar ahora esa medida. «Tenemos que verlo», apuntan.
La otra exigencia es más peliaguda. El Ejecutivo, que para enfado de los servicios de inteligencia ha tratado en todo momento de acotar la crisis al CNI, ya ha dejado caer, pese a insistir en que no ha habido irregularidad alguna, que no descarta el cese de su máxima responsable. Sin embargo, tanto ERC como el partido minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, apuntan más alto, a Margarita Robles. Sánchez se resiste a una destitución de semejante envergadura y más a poco más de un mes de que España ejerza de anfitriona de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid a finales de junio.