Heraldo de Aragón

Pegasus arruina el ‘renacimien­to’ del CNI

Entre polémicas, los intentos de los diferentes Gobiernos de sacar a los servicios secretos del epicentro siempre han fracasado

- MELCHOR SÁIZ-PARDO

El acto nonato de este viernes 6 de mayo estaba diseñado al milímetro para marcar un antes y un después en el espionaje español. La Casa pretendía aprovechar el 20º aniversari­o del CNI –realmente, el cumpleaños de la refundació­n de los servicios secretos– para proyectar la nueva imagen de un centro que, sin llegar a romper con su historia, sí que ha quebrado definitiva­mente lazos con sus orígenes franquista­s. Las celebracio­nes, en las que Felipe VI iba a tener un papel destacado, buscaban sacudirse para siempre la naftalina y la recurrente chanza de la comparació­n con la TIA de Mortadelo y Filemón. Esta vez sí, Paz Esteban y sus más cercanos colaborado­res estaban convencido­s de poder pasar página y devolver el buen nombre a unos servicios secretos que siempre han estado mucho más expuestos al escrutinio público que las agencias de los países del entorno.

Pero esa ceremonia de ‘renacimien­to’ ni siquiera se ha llegado a celebrar. Los últimos días de abril, el CNI decidió suspender todos los fastos. Un ‘caballo alado’ desbocado había frustrado el enésimo intento de un gobierno de lavar la imagen de los servicios secretos.

El escándalo de las escuchas del Cesid –Centro Superior de Informació­n de la Defensa, predecesor inmediato del CNI–, se desató en 1995 al destaparse que los espías bajo el mandato de Felipe González llevaban casi una década vigilando y grabando a políticos, empresario­s y periodista­s sin autorizaci­ón judicial, empezando por el propio jefe del Estado. Aquel lío monumental le costó la cabeza al entonces vicepresid­ente, Narcís Serra; al director del espionaje nacional, Emilio Manglano, y al responsabl­e de los comandos operativos del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote.

José María Aznar contó con el apoyo de los socialista­s para tratar de borrar la imagen de aquellos días con la refundació­n en mayo 2002, hace ahora precisamen­te dos décadas, de los servicios secretos bajo la denominaci­ón del CNI. Y con la aprobación, además, de un nuevo marco normativo dirigido supuestame­nte a evitar nuevos desmanes y devolver a la discreción a los espías.

Estriptis sin precedente­s

Pero el intento de sacar del plano al servicio secreto duró poco tiempo. En marzo de 2004, la masacre de los trenes en Madrid y la posterior comisión de investigac­ión parlamenta­ria obligó al CNI, señalado por algunos de haber menospreci­ado la amenaza yihadista a pesar de la guerra de Irak, a practicar el mayor estriptis de su historia al tener que hacer públicos innumerabl­es documentos reservados. La Casa, que sí que había avisado de forma reiterada del riesgo de acciones terrorista­s en venganza por la participac­ión de España en la operación para derrocar al régimen de Sadam Husein, había perdido en 2003 en dos atentados diferentes en suelo iraquí a ocho agentes mientras recopilaba­n informació­n.

El CNI volvió a las portadas en 2009. En julio de ese año, Alberto Saiz, hombre de confianza del ministro José Bono y que había dirigido los servicios secretos desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, abandonó sin honores el CNI acusado de haber utilizado fondos públicos para hacer obras en su vivienda o realizar viajes de caza a Senegal y Malí. Él siempre lo negó. Y no fue condenado. Pero el día que abandonó la dirección del CNI nadie le aplaudió. Fue un silencio incómodo que hoy todavía resuena como el único conato de escándalo económico en un centro que maneja millones de forma opaca.

Piratas milaneses

Otra filtración, esta vez de WikiLeaks en 2015, volvió a desnudar procedimie­ntos internos del CNI al revelar que el espionaje español había recurrido a un grupo de piratas informátic­os milaneses, Hacking Team, para intervenir comunicaci­ones. Precisamen­te, fue la filtración de WikiLeaks la que obligó a La Casa a principios de 2016 a recurrir apresurada­mente a la adquisició­n de Pegasus para seguir pinchando teléfonos.

El segundo gran atentado yihadista en España –con escenario en las Ramblas, Cambrils y Alcanar en 2017– sacó de nuevo del anonimato los trabajos del CNI. El espionaje reconoció públicamen­te sus contactos con Aldelbaki Es Satty, el imán de Ripoll que dirigía la célula que atentó y que fue fichado como confidente durante su condena en la cárcel de Castellón, en la que estuvo preso desde 2010 a 2014 por un delito de drogas. El CNI tuvo que ofrecer todo tipo de explicacio­nes para intentar desmontar la teoría de la conspiraci­ón aireada por sectores independen­tistas sobre que los servicios secretos habían permitido, cuando no alentado, los atentados para parar el ‘procés’.

La intentona secesionis­ta de otoño de 2017 sirvió para señalar de nuevo al CNI, al que muchos responsabi­lizaron de no haber sido capaz de localizar las urnas del 1-O. Ese segundo semestre de 2017 fue aciago. En noviembre fue encarcelad­o el comisario José Villarejo.

De inmediato, el exmando policial culpó a su archienemi­go, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán. El comisario encendió el ventilador y la imagen de los servicios secretos cayó a mínimos a cuenta del caso de las acusacione­s de Corinna Larsen.

El espionaje español había tocado suelo, pero Paz Esteban y los suyos estaban convencido­s de que la remontada iba a comenzar el viernes. No pudo ser.

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