Las eléctricas temen un freno del trasvase de clientes a tarifas libres cuando se ‘tope’ el gas
● Con el precio eléctrico limitado, el contrato regulado dejará de ser tan caro tras el paso masivo a precios estables durante 2021
MADRID. Con la ‘excepcionalidad ibérica’ a punto de salir del horno de Bruselas, se ciernen cambios de calado en el mercado eléctrico, más allá de la limitación del coste del gas y del precio de la luz. La brecha entre los diez millones de consumidores que tienen tarifa regulada y los 19,8 millones que han optado por algunas de las ofertas del mercado libre se agrandará. En el primer caso, porque verán moderado el importe del recibo que hasta ahora han pagado; y en el segundo porque, a medida que venzan sus contratos, tendrán que incorporar el coste de limitar el precio de la luz a la otra parte del mercado.
El masivo movimiento de clientes registrado en el último año como consecuencia de la crisis de precios puede verse no ya ralentizado, sino incluso paralizado. Quienes están en el mercado regulado seguirán en él, al comprobar cómo el precio del kwh que pagan ya no será tan elevado como el que han abonado en los últimos meses. De esta forma, se estancará en buena medida una tendencia que no ha decaído en los últimos meses: el paso de la tarifa regulada a la libre.
Ese es al menos el escenario que estiman fuentes del mercado eléctrico consultadas por este diario. Además, la ‘excepción ibérica’ llegará después de las declaraciones de esta semana del pretal, sidente de Iberdrola, Ignacio Galán, a favor de la tarifa libre y en contra de la regulada. Joaquín Segura, de Selectra, explica que esta medida del tope al gas supondrá «un freno a ese paso al mercado libre» como el que hemos visto desde el año pasado.
De hecho, 1.250.101 hogares optaron el año pasado por algunas de las decenas de tarifas estables que ofrecen las comercializadoras y decidieron salir del PVPC, después de registrar continuos récords de costes. Este número abultado de cambios del mercado regulado al libre supone más que duplicar la petición de traslado entre ambos tipos de tarifa en 2020, cuando apenas superó el medio millón de portabilidades. Además, la cifra registrada el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela un dato récord de traslados de tarifa, frente a los 663.000 de 2019 o los 737.000 de 2018.
También hubo quien pasó del regulado al libre, aunque posiblemente lo hicieran en la primera parte del año pasado, cuando los precios del ‘pool’ eran todavía relativamente bajos, antes de que comenzaran a repuntar desde el mes de junio. Unos 428.000 hogares optaron por la tarifa regulada desde alguna de las libres.
Estabilidad como baza
Con todos estos datos, ya hay 19,8 millones de puntos de suministro en el mercado libre frente a diez millones del regulado, su mínimo histórico. Es decir, ya representan menos de un 33% del tocuando hasta hace un año eran un 40%.
Los datos de Competencia indican que fue en el año 2014 cuando se produjo la inversión en el mercado: el momento en el que había un mayor número de hogares que optaban por ofertas estables de luz frente a la variabilidad del PVPC. Desde entonces, la distancia entre ambos tipos de consumidores se ha ido ensanchando, a pesar de que el cambio de tarifa puede ser en cualquier sentido.
En el trasfondo de esta cuestión se encuentran las características que definen la tarifa regulada en España, un modelo único en toda Europa. Por una parte, porque se trata de un contrato de luz vinculado directamente al precio mayorista de la electricidad. «Funciona como si el precio del abono de transportes del autobús estuviera ligado al coste diario del petróleo», explica Luis del Barrio, de Arthur D. Little. Este experto considera que la tarifa regulada española «debería tener precios a largo plazo más fijos con una cesta de productos de futuros». Aunque una de sus características es que es la única tarifa que permite el acceso al bono social (el descuento de hasta el 70% para hogares vulnerables).
Un modelo único en Europa
En septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica inició una consulta pública para abordar la reforma del PVPC. Pero a las pocas semanas quedó aparcada ante las reticencias de varios agentes del mercado, como las asociaciones de consumidores y usuarios, opuestas a esta medida, ya que implicaría mayor margen para las empresas. Por otra parte, Del Barrio incide en que la tarifa regulada «es demasiado amplia», dado que se pueden acoger a ella todos los consumidores (hogares y negocios) con menos de 10kw de potencia contratada. Para una vivienda, lo habitual son menos de 5kw de potencia. De esta forma, al tener menos usuarios, «se podría proteger mejor a los verdaderamente vulnerables».
Los cambios que se avecinan en el ‘pool’ eléctrico, y que pueden provocar un estancamiento en el paso del mercado regulado al libre, revelan la insistencia del sector energético en los problemas que sigue planteando el PVPC en España. «Es una tarifa que no recoge todos los costes que debería asumir, como la necesidad de suficiencia», explica Pedro González, director de regulación de Aelec. De hecho, el margen de comercialización de esta tarifa viene marcado por la ley y es menor al de las tarifas libres. «Tampoco incluye el coste del bono social que tenían que pagar las comercializadoras de referencia, ni el coste del canal presencial», aclara González.
Cuando el tope al gas se encuentre en marcha, y con los nuevos precios de referencia del mercado eléctrico en marcha, el Ministerio para la Transición Ecológica se replanteará cómo adaptar la tarifa regulada a una nueva fórmula de cálculo de sus precios y condiciones. Así lo indicó la vicepresidenta Teresa Ribera en una entrevista en este periódico, en la que aclaró que, por ahora, no se dan las condiciones para hacerlo ante la variabilidad de precios del ‘pool’.
Por ejemplo, en Portugal se calcula como un promedio del precio del mercado a plazo y una previsión del precio hecha por el regulador. En Gran Bretaña, se calcula cada seis meses; y en Italia, cada trimestre, para dar estabilidad a los recibos acogidos, aunque está previsto suprimirla a lo largo del próximo año.