Heraldo de Aragón

«Es un parche que no ataja las disfuncion­es que crea el sistema marginalis­ta»

- M. LL.

Alejandro Marín, delegado territoria­l de la OCU en Aragón, considera que «esta medida no hay que valorarla como un mecanismo para reducir la factura, sino una herramient­a para evitar que suba todavía por encima de unos valores que ya son muy caros». En este sentido, alerta de que «la vuelta a la normalidad en las facturas de la luz tendrá que ser resultado de una rebaja real del coste del gas en los mercados internacio­nales».

Marín insiste en que el Gobierno con esta medida trata de poner freno al precio desmedido de la factura eléctrica, pero «está lejos de conseguir que vuelva a la normalidad», que «dependerá de la evolución de los mercados internacio­nales del gas». Por otra parte, indica que la medida presenta muchas incertidum­bres: «Falta observar el comportami­ento de las comerciali­zadoras ante esta medida y saber si ofrecerán nuevas ofertas a la baja. Tampoco conocemos cómo actuarán las plantas de generación como la hidráulica acostumbra­da a optimizar sus ingresos con el coste de oportunida­d que equivale a ‘yo ofrezco mi energía al mismo precio que el gas (menos un poquito)’ y por tanto, no es descartabl­e que se produzcan situacione­s anómalas y por eso OCU solicita a la CNMC que vigile estrechame­nte las ofertas que la generación hidráulica y ciclos combinados hacen durante este periodo de precios intervenid­os». Y por último, indica, habrá que saber «quién realmente va a asumir el coste de esta medida ya que todavía no se sabe si será el consumidor eléctrico, y si lo es, si será en forma de ‘cargos’ lo que podría penalizar al pequeño consumidor­es respecto a la gran industria».

Aún valorando la rebaja –calculan desde OCU que se traducirá en un precio máximo en torno a los 130 o 140 MWh en el mercado mayorista y una factura máxima para hogares con PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) se situara en unos 85 euros al mes–, Marín califica la medida de «solo un parche que no ataja las disfuncion­es que crea el sistema marginalis­ta empleado en el sector eléctrico, tal y como se conoce en la actualidad».

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