Un torpe ardid en el reparto de bienes de un divorcio le cuesta una pena de prisión a la mujer

● La acusada involucró en el engaño a una pareja de amigos, que también serán condenados por falsedad y estafa procesal

ZARAGOZA. El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza no lo pudo resumir de mejor manera: «Vaya usted con cuidado, porque de algo sin importancia ha montado una...» El consejo iba dirigido a Vicenta C. G., a la que el tribunal juzgaba ayer por falsear documentos oficiales y utilizarlos después para engañar a un juez de Familia en el proceso de liquidación de bienes de su divorcio. Y todo ello, aparentemente, con la única intención de rascar unos miles de euros en el reparto.

La Fiscalía solicitaba condenas de tres años y medio de prisión para la mujer y para una pareja de amigos de Cádiz a los que parece que involucró en su torpe ardid. Pero la acusación particular, ejercida por el abogado José María Viladés, proponía que el castigo fuera aún mayor: seis años y medio de cárcel para cada uno. «¿Cómo has podido hacernos esto?, le decía llorando Manuela T. C. a la principal encausada cuando coincidían al entrar en la sala de vistas, donde se veían obligadas a compartir banquillo. Pero el juicio se iba a resolver pronto, ya que las defensas, a cargo de los abogados Noemí González y José Colón, cerraron un acuerdo in extremis que hará que ni las dos mujeres ni el tercer imputado, Diego H. G., tengan que pisar finalmente la cárcel.

Al reconocer los hechos, los acusados asumieron sendas condenas de 15 meses de cárcel y procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, la mujer trató de salir beneficiada del reparto de bienes. Para ello, no se le ocurrió otra cosa que decir al juez de Familia que el turismo Mercedes que le había adjudicado a ella en la liquidación económica lo había vendido su marido en 2011, lo que no era cierto.

La acusada llevó a engaño al magistrado que tramitaba el divorcio y le pidió que valorase el vehículo para que su marido le abonase la mitad. Y eso fue lo que al final ordenó, dando al hombre el plazo de un mes para entregar el coche a su exmujer o pagarle 7.200 euros.

Pero una prueba pericial caligráfica solicitada por el abogado del marido demostró que había sido la esposa quien había vendido realmente el turismo de la discordia. Lo hizo falsificando la firma de su ex para hacer un cambio de titularidad ante la Dirección General de Tráfico el 4 de noviembre de 2019. Y como admitieron ayer Vicenta C. G. y Diego H. G., después se pusieron de acuerdo para redactar dos recibos que reflejaban sendos pagos de 10.000 euros por el coche, que pasó a manos la pareja de Cádiz. En concepto de indemnización, los investigados tendrán que devolver el vehículo o abonar su precio. También abonarán las costas procesales, incluidas las de la acusación.