El Gobierno fija una subida a los funcionarios de hasta el 9,5% en tres años sin acuerdo unánime
● CSIF muestra su «absoluto rechazo» al texto y sopesa volver a movilizarse por la nueva pérdida de poder adquisitivo, mientras UGT y CC. OO. sí dan su apoyo
MADRID. Final agridulce en la negociación exprés que el Gobierno ha mantenido estos días sobre las condiciones salariales de los funcionarios para este año y los dos siguientes. CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios de la Administración Pública, imposibilita que el Ejecutivo logre un acuerdo unánime al mostrar su «absoluto rechazo» a la oferta que el Ministerio de Hacienda se negó ayer a mejorar y que llevará a los Presupuestos del Estado para 2023.
Se trata de un incremento de hasta el 9,5% para los más de tres millones de empleados públicos durante el periodo 2022-2024. UGT y CC. OO., sin embargo, sí ratificaron este lunes ese acuerdo. No obstante, la organización liderada por Unai Sordo la condiciona a que en las próximas semanas se plasme en el texto otra serie de mejoras pactadas como son la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o el pago del 100% de la baja por incapacidad temporal.
La oferta definitiva del Ministerio de Hacienda incluye no solo la subida para los dos próximos ejercicios, sino que por primera vez realiza una revisión de ese 2% inicial que estaba fijado en los Presupuestos para este año y accede también al 1,5% adicional que exigían los sindicatos por la escalada de los precios. Gracias a este alza, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y se consolidará en sus nóminas, los funcionarios recibirán una paga de más 500 euros brutos de media antes de que finalice el año.
Para 2023 el Ejecutivo aprobará una subida fija del 2,5% para el sector público, que podrá elevarse hasta el 3,5% en función de cómo evolucione la economía y la inflación. En concreto, si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 supera el 6%, tendrán un variable del 0,5%. A su vez, si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9% obtendrán otro 0,5% más, aunque esta prima parece bastante difícil de conseguir ante la desaceleración de la economía. Ambas tendrían carácter retroactivo y se consolidarían en sus nóminas.
De cara a 2024 los funcionarios verán incrementarse su remuneración un 2%, con un extra de medio punto porcentual si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Sería así si los precios crecen más que la subida fija que les han aplicado, algo que parece factible en vista de que solo en 2022 la inflación ha crecido un 9%. También será retroactivo y con carácter consolidable.
Desde CSIF advirtieron que, pese a que el Ejecutivo trate de «adornar este acuerdo con un refrito de condiciones laborales que en muchos casos ya tenían que estar desarrolladas», estas nuevas subidas –que ellos cifran en el 6% hasta 2024, puesto que el 2% de este año ya estaba pactado y el otro 1,5% es variable– «ni siquiera sirven para corregir» la inflación de 2022, que puede cerrar entre el 8% y el 9%. Eso apuntan las previsiones que manejan.
«Nos hemos encontrado con un Gobierno inmovilista que ha perdido una buena oportunidad de resarcir a todos los trabajadores del ámbito público y de haber marcado a la patronal de la empresa privada», denunció ayer el presidente de la organización, Miguel Borra. Por eso no descartó repetir la «gran movilización» del 24 de septiembre, que congregó a decenas de miles de ciudadanos e incluso advirtió que pueden «pasar a otro tipo de actuaciones», en alusión a posibles huelgas.
Jubilación parcial anticipada
El preacuerdo con UGT y CC. OO. no solo fija las remuneraciones futuras, sino que incluye importantes mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre ellas figuran el abono íntegro de la baja por incapacidad temporal (IT) sin ningún condicionamiento, la eliminación de las restricciones que impiden la negociación e implantación de una jornada laboral de 35 horas en las Administraciones Públicas, la recuperación de la jubilación parcial anticipada o el avance en digitalización y teletrabajo.
Asimismo, aunque se no ha logrado eliminar totalmente la tasa de reposición en el sector público, sí se ha pactado flexibilizarla para que pueda crearse empleo neto en las administraciones.