La supuesta jefa de una red de prostitución china reclama al Estado por su ingreso en prisión

● La Policía la detuvo como ‘madame’ de seis casas de masajes donde se explotaba a mujeres, pero el juez ha archivado el caso

ZARAGOZA. La Policía Nacional detuvo en noviembre de 2021 a nueve personas de origen chino por su presunta participación en una trama que utilizaba media docena de centros de belleza y estética de Zaragoza como tapadera de un supuesto negocio de prostitución. Un año después, la falta de pruebas sólidas contra los investigados y el presunto interés espurio de uno de los denunciantes ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 a archivar el caso. Pero la principal imputada, la mujer a la que los investigadores consideraban la presunta ‘madame’, no se conforma con el sobreseimiento de las actuaciones. Y además de exigir al Ministerio de Justicia una compensación económica por los cuatro meses que pasó en prisión preventiva, se plantea ahora la posibilidad de acusar a los dos testigos protegidos por denuncia falsa.

Las pesquisas para destapar esta presunta trama de explotación sexual se iniciaron en el verano de 2021 a raíz de las denuncias interpuestas por una de las supuestas víctimas y un varón que aseguraba haber sido amenazado por dos de las mujeres al frente de la organización. Tras tomar declaración a la pareja, los especialistas de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y la Brigada Provincial de Extranjería solicitaron al juez instructor una serie de pinchazos telefónicos. Gracias a ellos, la Policía constató que en los locales bajo sospecha se ofrecían no solo masajes orientales, sino también prostitución. Los establecimientos abrían todos los días de las ocho de la mañana a las once de la noche y sus tarifas oscilaban entre los 30 y los 50 euros, en función del servicio prestado.

Por estos hechos fueron arrestadas nueve personas, pero solo dos acabaron entre rejas: la presunta ‘madame’ o mujer fuerte del negocio, identificada como W. X., y su supuesta lugarteniente o mano derecha. Sus respectivos abogados, Alejandro Giménez y Bartolomé Arranz, conseguirían varios meses después su puesta en libertad sin fianza. Pero no se iban a conformar con eso, ya que tanto ellos como el resto de defensas –a cargo de Juan Carlos Macarrón, Fernando Júlvez, Isabel Guillén y Jesús Fernández– han conseguido convencer finalmente al magistrado instructor de que sus clientes nunca obligaron a nadie a prostituirse. O al menos, de que no hay pruebas que lo acrediten.

Líquido inflamable en la cara

A la hora de sobreseer la causa, el juez Rafael Lasala recuerda en su auto que tras varios meses de diligencias «no se ha sabido de ninguna mujer» que haya sido obligada a ejercer la prostitución en estos locales, «aparte de la denunciante». Y entiende que tampoco existen pruebas o indicios de que esta última fuera explotada sexualmente bajo amenazas. Porque

la propia denunciante dijo que se marchó de Zaragoza cuando quiso y para seguir dedicándose a la misma actividad.

Tampoco resulta demasiado verosímil para el instructor del caso que la supuesta víctima dijera que las investigadas la habían amenazado con arrojarle líquido inflamable a la cara si no se prostituía para devolver el dinero que habían pagado por su viaje desde China a Zaragoza. Sobre todo, porque ella misma reconoció que había reintegrado la deuda al poco tiempo de llegar a la capital aragonesa gracias a la ayuda de un hermano. El magistrado tampoco ha pasado por alto un hecho: que esta mujer ha conseguido regularizar su situación en España gracias a la denuncia que interpuso en su día ante la Policía Nacional.

En cuanto al segundo denunciante y testigo protegido, el instructor advierte un supuesto interés espurio. «El varón acudió a denunciar callando que había sido denunciado –por apropiación indebida– por una de las ahora investigadas». Y cuando se le preguntó por este hecho durante su declaración en sede judicial, no solo negó tal denuncia sino que «corrigió de forma artera» la fecha en que había conocido a la supuesta víctima para intentar justificar que su interés en esta causa era ayudarla y no vengarse de la investigada que lo acusaba de quitarle dinero.