Salud mental y justicia
Resulta irónico que, en una sociedad donde el poder legislativo gasta una parte importante de su tiempo debatiendo acerca de la salud mental y de cómo los poderes públicos han de fomentar su ‘inclusión’ o su ‘normalización’ (lo que quiera que signifique eso) siga siendo una cuestión tan estigmatizada.
En el mundo del Derecho, teóricamente, esta tarea debería estar resuelta, legislando estrictamente una serie de atenuantes y eximentes para que no queden al arbitrio de jueces o fiscales más o menos concienciados.
A día de hoy, nos encontramos casos como el defendido recientemente por mí misma en el cual un hombre que, como se probó con certificados psiquiátricos, sufrió unos terribles abusos durante su infancia que desembocaron en problemas psicológicos que continúan hoy, ha tenido que soportar el linchamiento de la sociedad así como un procedimiento judicial en el que no se ha tenido en cuenta su condición psiquiátrica a la hora de juzgarle. Igual que no exigimos el mismo rendimiento ni esfuerzo físico de personas aquejadas de alguna dolencia, enfermedad o lesión, ¿por qué la sociedad no se comporta de igual modo cuando la dolencia no es física sino mental? Teóricamente, la ley trata distinto a quien es distinto, pero todavía quedan casos como el mencionado anteriormente: el de un hombre enfermo juzgado como una persona sin tales problemas.
Avanzar como sociedad es una idea etérea. Es una de las predilectas del discurso público, pues al no significar nada no tiene ninguna implicación para quien la suelta, más allá del aura de superioridad que parece dar el apoyar el ‘progreso’. Lo que sí es posible y deseable, lo que sí está en nuestras manos es pedir una legislación en la que se tenga genuinamente en cuenta la condición del acusado. Y que no se me malinterprete, no se exige en este texto la amnistía o que sea declarado inocente todo aquel que padezca algún tipo de trastorno mental. Pero sí que se considere en Sala, que se entienda que sus acciones están condicionas por su estado y que, si tiene que ser condenado, lo sea mediante la aplicación de un exhaustivo análisis de sus padecimientos mentales y que su futuro no dependa de la empatía o consciencia de un fiscal o un juez.