El PP contraataca al apuntar a Sánchez como el «señor X» que negocia con Puigdemont
● Agita los GAL y acusa al Gobierno de intentar beneficiar a los acusados por el ‘procés’ para justificar la ruptura del posible acuerdo sobre el CGPJ
MADRID. «¿Es usted el señor X?». Los diputados del PP que intervinieron ayer en la sesión de control al Gobierno rescataron una de las principales incógnitas de la tenebrosa época de los GAL para preguntar a Pedro Sánchez y a cada uno de sus ministros si se habían reunido recientemente con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) para negociar la reforma del delito de sedición. El expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española desde 2017, deslizó el domingo que «interlocutores» socialistas habían acudido a verle para ofrecerle «un buen trato» judicial. «Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo», añadió sin dar más detalles, aunque amenazando con desvelar los nombres de sus supuestos interlocutores. Un mensaje que ha entregado munición renovada a Génova para justificar la ruptura hace hoy una semana de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no tardó en negar ya por la mañana que su partido se haya reunido con Puigdemont. «Este señor no merece ningún crédito», despejó. Sin embargo, la sombra de duda planeaba sobre el Congreso y los populares se aferraron a ella para tratar de apuntalar su relato. Las conversaciones para actualizar el Poder Judicial saltaron por los aires el pasado jueves, cuando el acuerdo era ya inminente y ambas partes esperaban el regreso a España del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en África. Pero todo se trastocó cuando la reforma del Código Penal que exige Esquerra irrumpió como factor de perturbación en las conversaciones sobre el CGPJ.
El PP formuló la pregunta en el hemiciclo –quién es la ‘X’ que habla con Puigdemont, rescatando la acusación contra Felipe González por los GAL– al jefe el Ejecutivo, a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al titular de Presidencia, Félix Bolaños, o incluso a la de Educación, Pilar Alegría. Todos ellos dieron la callada por respuesta y, en su lugar, se dedicaron a torpedear la figura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que dijeron que «no es de fiar» y al que volvieron a acusar de «incumplir la Constitución».
Los populares dejaron a un lado la crisis económica, prioridad para el partido desde que Feijóo sustituyó a Pablo Casado y en plena escalada inflacionista, y se lanzaron a una nueva ofensiva contra el Gobierno, esta vez esgrimiendo la intención del Ejecutivo de reformar el delito de sedición. Se trata, en definitiva, de otra batalla con la vista puesta en las encuestas, la enésima de la legislatura, que busca dirimir quién tiene la culpa de que el órgano de gobierno de los jueces lleve cuatro años con su mandato caducado. Mientras la Moncloa defiende que el objetivo es adaptar la sedición al marco legislativo europeo, la oposición señala que las leyes «se deciden en la sede de Esquerra».
«No es de fiar»
El PP se revolvió contra las críticas a su jefe de filas aseverando que el que «no es de fiar» es el presidente del Gobierno, porque «antepone» pactos con formaciones independentistas antes que acuerdos con el principal partido de la oposición. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ciñó su pregunta prevista a «los problemas económicos que afectan a los españoles», pero en la réplica se lanzó a exigir a Sánchez que desista de su intención de reformar la sedición, suavizando su castigo, para beneficiar a los dirigentes catalanes sobre los que aún
pesan cargos por su participación en el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.
Para la número dos de Feijóo, el Gobierno de coalición arrastra «demasiadas hipotecas con aquellos que desprecian la convivencia entre todos», en alusión a sus socios secesionistas. De hecho, recalcó que siempre que Sánchez ha tenido oportunidad de elegir, ha optado por el «populismo, el radicalismo y el independentismo» antes que por el PP, que ha registrado una petición de comparecencia del presidente del Gobierno para que explique sus compromisos «personales con los prófugos de los que depende». Una exigencia de explicaciones que amplía a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y a Bolaños.
En medio de esta batalla por el relato, los populares quieren buscar dividir a Ferraz evidenciando las diferencias que, aseguran, existen en el PSOE en torno a la reducción de las penas por los delitos de sedición o rebelión. En Génova distinguen entre la actual dirección del partido y «los auténticos socialistas», todo pese a que en los últimos días tanto el expresidente Felipe González como el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –uno de los barones más críticos con las fuerzas nacionalistas– cerraran filas y cargaran sobre el PP la responsabilidad de imposibilitar el pacto sobre el CGPJ.
Pero el PP no ceja y quiere forzar que cada barón o alcalde socialista se posicione sobre la sedición. El partido de Feijóo presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos regionales para que «los socialistas de verdad» opinen. Respecto a la posición de Page, el dirigente popular Elías Bendodo dijo ayer que es un «sanchista por dentro y pagista por fuera».
Con la maquinaria en tono prelectoral, Bendodo volvió a describir las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2023 como una primera vuelta de las generales. «Deben ser una meta volante que dé tranquilidad a los ciudadanos en todos los municipios de España», constató el número tres del PP.