La Fiscalía pide multa de 3 millones a PDECat y CDC por blanqueo en caso 3%

MADRID. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al PDECat y a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) una multa de 3 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales en el marco del caso 3 %, donde se ha investigado la presunta financiación ilegal de CDC.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas en la Audiencia Nacional por delitos como organización criminal, fraude, corrupción entre particulares o tráfico de influencias, entre otros.

Entre ellos figuran los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germá Gordó, para quienes pide las condenas más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, así como empresarios y algún antiguo cargo público catalán.

Están asimismo acusados el también exgerente y extesorero de la extinta formación Daniel Osácar y quien fuese responsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, para quienes reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad; y un año de prisión y otro de trabajos a la comunidad, respectivamente.

También está el directivo de la constructora Oproler y marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia catalán Josep Maria Bassols, para quien pide un año y nueve meses de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad.

No es el caso, sin embargo, del exconcejal de Barcelona Antoni Vives, para quien la Fiscalía reclama seis años y un mes de prisión; o del empresario Jordi Sumarroca, a quien solicita 10 años, los mismos que al ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell. Para el exdirectivo de esta empresa pública Joan Lluís Quer, Anticorrupción pide cinco años.

También está acusado el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, a quien el fiscal quiere que se condene a cuatro años y medio de prisión.

Según el escrito del fiscal, entre 2008 y 2015 «altos cargos» de CDC, «en connivencia» con cargos públicos, funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios «pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».

Era, prosigue el escrito, «una actuación sistemática»: se recibía dinero de empresarios que se convertía en ingresos para CDC, «sin la mácula de su origen ilícito», y paralelamente estos empresarios eran beneficiados con adjudicaciones de obra pública.

A veces las autoridades, «de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones», alteraban los concursos públicos para «dirigir los mismos hacia las empresas de los acusados», aunque también se instauró un sistema de adjudicación «de caucho», que según la Fiscalía «permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad», principalmente por parte de las empresas de obra pública de la Generalitat Gisa e Infraestructures.cat.