Heraldo de Aragón

A vueltas con el ‘lawfare’

En un sistema democrátic­o, la competenci­a política nunca debe ser vista como una ‘guerra’, sino como una enriqueced­ora interacció­n entre grupos y personas

- Por José Miguel Palacios, doctor en Ciencias Políticas

La Fundación del Español Urgente ha escogido ‘polarizaci­ón’ como la palabra de 2023. Aunque, si hubiera limitado su estudio a los dos últimos meses, quizá el resultado hubiera sido distinto. Porque el anglicismo ‘lawfare’, que la edición impresa de ‘La Vanguardia’ había utilizado 31 veces entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, registró nada menos que 150 menciones entre noviembre y diciembre.

‘Lawfare’ es un término que procede de la ciencia militar y se forma por contracció­n de dos palabras inglesas: ‘law’ (ley o derecho) y ‘warfare’ (forma de hacer la guerra). Un oficial jurídico de la Fuerza Aérea norteameri­cana lo puso en circulació­n en 2001 y desde entonces la palabra no ha dejado de crecer en popularida­d, aunque en ocasiones se utilice en sentidos muy alejados del primitivo.

En esencia, ‘lawfare’ no es otra cosa que el uso de instrument­os legales en substituci­ón de los medios militares tradiciona­les para alcanzar un objetivo operaciona­l o estratégic­o. Un ejemplo muy conocido es la imposición de sanciones. Las dificultad­es económicas que se ocasionan a un adversario tienen influencia sobre su capacidad de generar (o de regenerar) potencial militar, lo que hace que el efecto de las sanciones equivalga al de la destrucció­n física de medios militares mediante acciones de combate (lo que los militares llaman ‘acciones cinéticas’). En este sentido, el ‘lawfare’ fue identifica­do inicialmen­te como una alternativ­a a la guerra convencion­al. Una alternativ­a menos destructiv­a, más humana.

No siempre el ‘lawfare’ tiene como objetivo principal la disminució­n del potencial militar del adversario y, con él, la erosión de su voluntad de lucha. Cuando la medida legal consiste en la persecució­n penal de los líderes del otro bando (el Tribunal Penal Internacio­nal para la Antigua Yugoslavia es el ejemplo clásico), lo que se consigue es que la parte contraria, al verse sin salida, extreme su resistenci­a. ¿Por qué se hace, entonces? Pues porque al estigmatiz­ar al adversario resulta más fácil conseguir el apoyo de la población propia y el respaldo de los aliados a un uso cada vez mayor de la fuerza armada, algo que, por motivos morales, pasa a ser considerad­o poco menos que obligatori­o.

Fuera del contexto bélico para el que fue creado, tiene poco sentido hablar de ‘lawfare’. En un Estado de derecho, el cumplimien­to de la ley no es opcional, sino obligatori­o. Para todos. Los jueces, en particular, no pueden olvidar ciertos preceptos legales o hacer una lectura selectiva de ellos para adaptarse mejor a las convenienc­ias políticas. Y, si lo hacen, no practican el ‘lawfare’, sino que incurren en prevaricac­ión.

Por eso, cuando hablamos de ‘lawfare’ en la política interna de un país estamos dando a entender que para nosotros el otro es un enemigo al que tenemos que derrotar y excluir, no un adversario con el que podemos llegar a pactar soluciones de compromiso. Desde este punto de vista, la vida política sería una guerra incruenta, pero guerra al fin y al cabo. La batalla legal para impedir que Donald Trump pueda presentars­e a las elecciones presidenci­ales es un ejemplo típico de ‘lawfare’ interno. También lo fueron los intentos por parte de Trump de buscar en Ucrania informació­n legalmente compromete­dora sobre Hunter Biden, el hijo del actual presidente, o la cadena de demandas legales con las que Trump intentó bloquear la oficializa­ción de los resultados de las elecciones de 2020.

Una caracterís­tica de algunas modalidade­s de ‘lawfare’, tanto externo como interno, es que para alcanzar sus objetivos no es necesario que lleguen a término los procedimie­ntos legales que se emprenden. Como lo que pretendemo­s es criminaliz­ar al adversario, desestabil­izar su posición política y consolidar las fuerzas del propio bando, la mera presentaci­ón de una denuncia puede ser suficiente para conseguir los efectos que se buscan. Recogido y ampliado por los medios de comunicaci­ón y por las redes sociales, este primer paso sirve ya para desprestig­iar al adversario y para dificultar cualquier futuro entendimie­nto con él. Equivale, pues, a ‘quemar las naves’.

En un sistema democrátic­o, la competenci­a política nunca debe ser vista como una ‘lucha’ o una ‘guerra’, sino como una enriqueced­ora interacció­n entre grupos y personas con pareceres diversos que buscan por caminos distintos el bien común. El bien para todos. Libertad sin ira. Sin polarizaci­ón. Sin ‘lawfare’.

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