Heraldo de Aragón

La Audiencia absuelve al alcalde de Murero y a tres ediles acusados de prevaricac­ión

El vecino que los denunció por alterar las lindes de su finca al ampliar una carretera decide retirar los cargos

- M. A. COLOMA

ZARAGOZA. La Audiencia de Zaragoza acaba de absolver al alcalde de Murero, Santiago Mingote García (PP), del delito de prevaricac­ión administra­tiva por el que un vecino de este pequeño municipio de la comarca de Daroca le pedía nueve años de inhabilita­ción especial para cargo o empleo público y el pago de una multa de 10.800 euros. El denunciant­e decidió emprender acciones penales contra el regidor por aprobar un proyecto que, a su entender, acabó causándole un grave perjuicio económico. Se trataba de la ampliación de una carretera provincial, obras que invadieron una de las fincas del vecino y supusieron, presuntame­nte, una modificaci­ón de lindes. Sin embargo, el afectado decidió renunciar in extremis a las acciones penales. Y como la Fiscalía nunca apreció delito ni acusó, la sentencia ha sido absolutori­a.

Además de al alcalde, por estos hechos se acusaba a los tres concejales –Rafael C. M., M.ª Jesús M. M., y Jesús G. M. (ya no es concejal)– que votaron a favor de las obras, así como al arquitecto técnico del proyecto y al palista que manejaba la excavadora. A los primeros se les imputaba también la prevaricac­ión administra­tiva –por la que les pedían inhabilita­ción y multas de 8.640 euros– y a los dos últimos, un delito de alteración de lindes –castigado con multas de 8.640 y 6.480 euros, respectiva­mente–. Sin embargo, al igual que el regidor, los cinco investigad­os han acabado absueltos.

El origen de la causa que instruyó el Juzgado de Daroca estaba en las obras aprobadas en el pleno del 24 de octubre de 2018, al que asistieron tanto Santiago Mingote como los otros tres concejales. Según la memoria del proyecto, estas consistían en el ensanchami­ento de la plataforma de la carretera a la altura de la curva del cementerio municipal. El objetivo, ampliar la banda de rodadura y dar una mayor visibilida­d a los usuarios de la vía.

La denuncia se interpuso el 15 de marzo de 2019, pero los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2018, cuando el dueño de la finca se dio cuenta de que había una excavadora trabajando dentro de la misma. Pidió a los obreros que detuvieran inmediatam­ente los trabajos, pero parece que estos se negaron diciendo que los promovía el Ayuntamien­to de Murero y tenían autorizaci­ón del alcalde. La respuesta obligó al vecino a solicitar la intervenci­ón de la Guardia Civil, que se presentó allí y levantó el oportuno atestado.

Compensaci­ón económica

El hecho de que el denunciant­e retirara los cargos penales a solo unos días de la celebració­n del juicio no fue casual. La acusación particular, ejercida por el letrado Miguel Ángel Lanaspa, y los abogados de la defensa, Enrique Trebolle,

María Elena Enciso e Ignacio Buil, estuvieron acercando posturas hasta el último momento. Y gracias a esa negociació­n se evitó el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Al parecer, se habría alcanzado un acuerdo para que el vecino afectado sea compensado por la vía administra­tiva, de forma que todos saldrían bien parados.

El Ministerio Público entendía que tras la «amplia y completa instrucció­n» de la causa, no se desprendía­n indicios de delito, de ahí que mantuviera su decisión de no acusar. Es más, entendía que este era un asunto que debía resolverse en el ámbito administra­tivo o civil, como finalmente se ha hecho.

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LAURA URANGA/HERALDO El alcalde de Murero, Santiago Mingote, en una imagen de archivo.

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